El acuerdo fue firmado entre los defensores José Velázquez y Andrés Bacigaluppo y los fiscales Patricia Yedro, Ignacio Aramberry y Gonzalo Badano. La audiencia de homologación será este martes 15 de abril a las 9 de la mañana ante la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata.
Los beneficiados por la probation son: Renato Jesús Mansilla, Nicolás Beber, Verónica Caíno, Fernando Gastón Sarnaglia, Jorge Pablo Balladares, María Jazmín Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, María Victoria Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni y María Macarena Álvarez.
Suspensión del juicio y reparación económica
El acuerdo establece una suspensión de juicio por tres años, durante los cuales deberán cumplir con 96 horas anuales de tareas comunitarias, bajo control de la Oficina de Medios Alternativos (OMA) del Poder Judicial. Además, deberán pagar una reparación económica que oscila entre los $800.000 y los $5 millones, a cancelar en un plazo de tres años.
Este entendimiento se produce días antes del inicio de las audiencias de remisión a juicio, programadas para el martes 22 de abril, y marca un punto de inflexión en una causa que lleva años sin llegar a juicio oral.
Son 32 los imputados en la causa
Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez; Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni.
Una causa trabada por disputas de competencia
La causa “Contratos Truchos” se abrió en 2018 tras una denuncia por la existencia de contrataciones laborales irregulares en ambas Cámaras de la Legislatura provincial. Según la acusación fiscal, el esquema habría permitido desviar fondos públicos mediante contratos apócrifos, en una operatoria destinada a conformar una red de recaudación.
En mayo de 2021, los fiscales Yedro y Aramberry presentaron el pedido de elevación a juicio con un escrito de más de 500 páginas, en el que acusaron a 32 personas por delitos como asociación ilícita, peculado reiterado e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Sin embargo, la causa quedó paralizada por una disputa de competencia. Mientras la jueza Barbagelata sostenía la competencia de la Justicia ordinaria provincial, el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, reclamaba que los delitos debían juzgarse en el fuero federal por su supuesta vinculación con el financiamiento de campañas políticas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso fin a esa disputa el 5 de marzo pasado, al rechazar el planteo del juez federal y ratificar la competencia provincial. A partir de entonces, Barbagelata retomó el control del expediente y activó las audiencias para avanzar hacia el juicio oral.
Un desfalco multimillonario
De acuerdo a los informes periciales del Ministerio Público Fiscal, el monto sustraído a través de este esquema de contratos simulados ascendería a $4.961.988.609, equivalentes a más de 52 millones de dólares al cambio oficial de mayo de 2021.
Según la acusación, el mecanismo se sofisticó con el paso del tiempo y contó con una estructura organizada que se encargaba de reclutar a los falsos contratistas, registrar sus datos ante la AFIP, confeccionar las facturas y cobrar los pagos, que luego eran desviados. Parte de los fondos habrían sido utilizados para inversiones privadas, como la compra de ganado, propiedades y desarrollo inmobiliario.
Los fiscales descartan que el dinero haya sido utilizado para actividades político-partidarias, como pretendieron argumentar algunas defensas para llevar el caso al fuero federal. La jueza Barbagelata coincidió con esa postura y ratificó la competencia de la Justicia ordinaria entrerriana.
Próximos pasos
Con la probation de 10 imputados, la causa continúa su camino hacia el juicio para los 22 restantes, entre quienes figuran exfuncionarios de peso de la Legislatura y personas acusadas de ser los operadores clave del esquema. Las audiencias preliminares se reanudarán el 22 de abril, cuando la Justicia de Entre Ríos buscará finalmente llevar al banquillo a los responsables de uno de los mayores escándalos de corrupción institucional de la provincia.
Con datos de Entre Rios Ahora
Redaccion de 7Paginas
