El abogado Damián Petenatti, defensor de Alfredo Bilbao, quien enfrenta un pedido fiscal de 12 años de prisión, denunció múltiples irregularidades en la investigación y sostuvo que la Procuración General ha excluido deliberadamente a los funcionarios de alto rango que habrían permitido el fraude.
“Si se ve la lista de personas acusadas, muchas de ellas no son funcionarios públicos y quienes sí lo son desempeñaban cargos menores. Si esta es una ´gran causa´, faltan los principales actores”, sentenció Petenatti.
Críticas a la investigación y al rol del Ministerio Público Fiscal
Según el letrado, la Fiscalía basa su acusación en contratos considerados falsos, que habrían sido suscriptos con la participación directa de autoridades legislativas. Sin embargo, ninguno de esos funcionarios de peso ha sido imputado, lo que para la defensa evidencia una “contradicción muy evidente” en el accionar judicial.
“La Fiscalía tiene nombre, apellido y firma de quienes autorizaron esos contratos, pero no los investiga. Es inexplicable. Estos contratos sin la intervención de las autoridades legislativas no podrían haber existido”, señaló Petenatti.
Además, el abogado denunció que gran parte de las pruebas fueron obtenidas violando garantías constitucionales, afectando derechos fundamentales como la defensa en juicio, la intimidad y la privacidad de los imputados.
Acusación sin coherencia jurídica
Otro de los puntos críticos, según la defensa, es la inconsistencia jurídica de la acusación. “Se sostiene que los contratos son ilegítimos, pero no se ha declarado su nulidad formal, ni se ha iniciado ninguna acción por parte del Estado para determinar su lesividad. Tampoco se imputa a los contratados, que jurídicamente también serían partícipes si esos contratos fueran falsos”, explicó.
Para Petenatti, la causa está plagada de contradicciones, y detrás de la exclusión de los responsables políticos hay una “connivencia entre la Procuración General y el sector político ligado al peronismo que gobernaba en esos años”.
“La Fiscalía tiene prohibido decidir arbitrariamente a quién investiga o acusa. Eso lo prohíbe el artículo 5 del Código Procesal Penal y también la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción”, subrayó.
El martes, una audiencia clave
La audiencia del martes será crucial para definir si la causa —tal como está planteada— puede ser elevada a juicio oral. Allí se analizará no solo la admisibilidad de las pruebas, sino también la validez del proceso que ha generado fuertes cuestionamientos desde distintos sectores jurídicos y políticos.
La causa de los “contratos truchos” sigue generando controversia y, de avanzar hacia el juicio oral, promete convertirse en uno de los procesos más resonantes de la historia reciente en Entre Ríos.
Con datos de Entre Rios Ahora
Redaccion de 7Paginas
