La misiva, que ya circula en medios y redes sociales, lleva el respaldo de 68 entidades ambientalistas que reclaman que “no se incluya ninguna especie de animal autóctono en la próxima temporada de caza en Entre Ríos”. Además, remarcan la gravedad de permitir la matanza de especies sin contar con estudios actualizados sobre su estado de conservación, ni informes sobre el impacto ambiental que provocan las municiones de plomo.
Antecedentes judiciales y marcos legales violados
Las organizaciones recuerdan que en los años 2022 y 2023, normas similares ya habían sido declaradas inconstitucionales por la justicia, por violar compromisos internacionales asumidos por Argentina, como el Acuerdo de Escazú y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Estos tratados tienen como eje la protección del ambiente, la biodiversidad y el acceso a la información ambiental, principios que —según las entidades firmantes— han sido ignorados por el gobierno entrerriano.
En este contexto, la carta afirma que “resulta inadmisible que desde el Gobierno Provincial se siga promoviendo la matanza de especies autóctonas cuya información biológica actual es escasa o insuficiente”, alertando también sobre la falta de estudios “acerca de la contaminación por el plomo de las municiones y el impacto ecotoxicológico que este produce en la salud humana, el ambiente y la biodiversidad”.
Un reclamo federal con eco internacional
El documento fue acompañado por los logos de organizaciones ambientales de todo el país, incluyendo referentes del litoral, la Patagonia, Cuyo, el NOA y el centro del país, además de adhesiones de agrupaciones internacionales. Esto pone en evidencia que la preocupación por la fauna entrerriana ha traspasado las fronteras provinciales.
Ambientalistas locales también se manifestaron en redes sociales, denunciando la falta de consultas públicas previas y cuestionando que se insista con esta práctica en un contexto de crisis ambiental y pérdida de biodiversidad a nivel global.
Foto: Bety Romero
Fuente: (CEYDAS)
