Olivera explicó que la adhesión a esta ley permitiría que Entre Ríos acceda a herramientas clave, como la declaración de zonas de investigación especial y el decomiso anticipado de bienes obtenidos de forma ilícita. Además, subrayó que el endurecimiento de penas para quienes integren o colaboren con organizaciones criminales representaría un avance significativo en la prevención y sanción de delitos de gravedad.
Asimismo, advirtió sobre la importancia de aplicar la normativa con rigurosidad y sin arbitrariedades, para evitar que se vulneren los derechos de sectores inocentes o se persigan actividades que nada tienen que ver con el crimen organizado.
«La implementación justa y efectiva de esta ley podría marcar un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en Entre Ríos, contribuyendo también al fortalecimiento de la seguridad en todo el país», concluyó Olivera.