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Piden actualizar la Ley de Salud Mental para mejorar el tratamiento de las adicciones

El licenciado Héctor Olivera, especialista en salud mental, instó a la Cámara de Diputados de la Nación a abrir un debate urgente para actualizar la Ley de Salud Mental N° 26.657, sancionada en 2010, señalando que la normativa actual presenta serias limitaciones para abordar eficazmente el tratamiento de personas con adicciones.
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Redacción 7Paginas

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En una nota consignada a 7Paginas, Olivera destacó que uno de los principales obstáculos que impone la ley vigente es la imposibilidad de internar a una persona con adicción sin su consentimiento, incluso en situaciones graves. “Esto representa un freno en el abordaje terapéutico de muchos pacientes que no reconocen su condición, y cuyas familias viven un calvario al ver cómo se les niega el acceso a una asistencia adecuada”, explicó.

Un reclamo que crece

Según el licenciado, son cada vez más las madres y familiares de personas con adicciones que piden modificaciones a la ley. “Se necesita poder actuar a tiempo, con respaldo legal y profesional, cuando un paciente pone en riesgo su vida o la de terceros. La ley, tal como está redactada, no contempla esta realidad”, advirtió.

Olivera también denunció que el sistema actual está atravesado por una excesiva burocracia que genera frustración en quienes buscan ayuda. “Tenemos una legislación que no se ha actualizado en más de una década y que no contempla el aumento alarmante del consumo problemático de sustancias en los últimos años”, señaló.

Falta de presupuesto y políticas integrales

Otro de los puntos críticos que remarcó es la escasa asignación presupuestaria para salud mental, lo que repercute directamente en la falta de recursos humanos, centros especializados y programas de acompañamiento para personas con adicciones. “La ley estableció principios valiosos, pero sin presupuesto son letra muerta”, afirmó.

Olivera subrayó también la importancia de trabajar en la prevención, involucrando a distintos organismos del Estado y apostando a políticas públicas que integren educación, trabajo social y salud. “El problema de las adicciones no se resuelve solo con internaciones: necesitamos acciones concretas y coordinadas para evitar que las personas lleguen a situaciones límite”, expresó.

Derechos humanos y vida digna

Finalmente, el licenciado recalcó que actualizar la ley no implica retroceder en materia de derechos humanos, sino justamente garantizar el derecho a la vida y a una atención digna. “No se trata de vulnerar libertades, sino de salvar vidas. Hay que escuchar a quienes están en el territorio, a las familias y a los profesionales que lidian con este drama todos los días”, concluyó.