Desde hace más de un año, los concejales de la oposición Claudia Kinderknegt, Sergio Álvarez y Fabián Álvarez vienen reclamando la publicación transparente de los sueldos conforme lo estipulan la Ley N.º 10.027 y la Ley N.º 11.191/2025, que garantizan el derecho a la información pública. Sin embargo, la respuesta oficial desde el Ejecutivo municipal fue insólita: los solicitantes deben consultar personalmente a cada funcionario o empleado si quieren conocer cuánto cobran.
Sospechas y diferencias millonarias
Según trascendidos de trabajadores municipales, una de las razones por las cuales desde el oficialismo no se quiere transparentar esta información es que existiría una marcada desigualdad salarial entre los funcionarios y los empleados de planta. “La diferencia en los sueldos alcanza cifras millonarias”, afirmaron fuentes municipales que pidieron reserva de identidad.
A esta polémica se suma la figura de la Secretaria de Gobierno, Silvia Bel, quien respondió negativamente a la nota presentada por los concejales y que recientemente fue condenada por la Justicia por violencia y discriminación en el ámbito laboral.
Nueva solicitud y posible judicialización
En la sesión del Concejo Deliberante realizada anoche, los ediles opositores volvieron a presentar el pedido de acceso a la información pública. El tratamiento de la solicitud fue pasado a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, según confirmó la concejala Kinderknegt a 7Paginas.
“La gente tiene derecho a saber cuánto ganamos quienes estamos en la función pública. Nuestras dietas y sueldos son pagados con el dinero de los contribuyentes, por lo tanto, ocultar esta información es atentar contra la confianza ciudadana”, expresó la concejala.
Además, adelantó que agotarán todas las instancias administrativas y que, de no recibir respuesta favorable, acudirán a la justicia ordinaria provincial. “Ser transparentes no es una opción, es una obligación legal y ética”, sostuvo.
Una gestión bajo la lupa
El pedido de los concejales pone en evidencia una creciente tensión institucional en Puerto Yeruá, donde la demanda por mayor transparencia y rendición de cuentas comienza a tomar fuerza. Mientras el Ejecutivo mantiene silencio, crecen las sospechas y la presión social para que el municipio cumpla con lo que marca la ley.
La discusión promete continuar en los próximos días, y desde distintos sectores ciudadanos ya se empieza a exigir lo que debería ser una práctica común: que la información pública sea realmente pública.
Con informacion de Diario del Sur
