La postulación de Benítez fue presentada con entusiasmo este lunes como parte del armado de los sectores tradicionales del peronismo entrerriano de cara a las próximas elecciones legislativas. Pero casi de inmediato, la revista Análisis publicó un informe en el que recuerda que el intendente fue condenado por violencia laboral el pasado 29 de abril, tras una denuncia presentada por una ex concejal y empleada del municipio. El dato generó una reacción inmediata en redes sociales y medios regionales, donde el tema ya había sido ampliamente difundido. (-Se conocieron mas detalles de la condena del intendente de Puerto Yerua por discriminación y violencia laboral- www.7paginas.com.ar)
La condena
El fallo, emitido por el juez del Trabajo N° 4 de Concordia, Roberto Elvio Masara, da cuenta de una situación de violencia y discriminación ejercida contra una trabajadora municipal. La denunciante, ex concejal que había compartido gestión con Benítez antes de distanciarse políticamente, volvió a su puesto en planta permanente al finalizar su mandato, pero fue trasladada en condiciones precarias y sin funciones asignadas.
El juzgado determinó que el nuevo lugar de trabajo, a 15 cuadras de su oficina anterior, no contaba con condiciones mínimas de higiene ni equipamiento, y que la trabajadora fue aislada del resto del personal, además de sufrir perjuicios económicos por la eliminación de un adicional salarial. También se constató que no se le brindaron los beneficios que sí recibían otros empleados, como cajas navideñas o útiles escolares, lo que agravó la situación de discriminación.
Sin apelación, con condena firme
Benítez y su secretaria de Gobierno, Silvia Bel, fueron condenados a pagar una indemnización equivalente a 13 sueldos del área de Rentas municipal. Además, el juez ordenó al intendente garantizar condiciones dignas de trabajo para la denunciante y realizar un curso de capacitación en materia de violencia laboral. La sentencia no fue apelada, por lo que quedó firme.
Repercusiones políticas inmediatas
El caso reflotó con fuerza este lunes tras la publicación de Análisis, dejando al descubierto una situación que para muchos en la región no era desconocida, pero que el armado de Desafío Peronista parecía haber ignorado o desestimado.
El impacto fue inmediato y generó fuertes cuestionamientos al espacio de Bahl y Michel por la inclusión de un dirigente condenado judicialmente en una lista legislativa.
Desde diversos sectores internos del justicialismo entrerriano, incluso quienes se mantienen equidistantes de la interna, se multiplicaron las críticas al «filtro» de candidaturas y al mensaje contradictorio que representa incorporar a un funcionario con antecedentes judiciales por violencia laboral en una lista que busca renovar al peronismo.
¿Se sostendrá la candidatura?
Hasta el momento, ni Benítez ni los referentes de la lista Desafío Peronista han emitido declaraciones oficiales tras la publicación del fallo. La presión para que el intendente retire su precandidatura crece con el correr de las horas, y no se descarta que en las próximas jornadas se concrete su baja.
El episodio reaviva los debates internos del peronismo entrerriano sobre la necesidad de una renovación ética y política que no se limite a nombres, sino que contemple los antecedentes y la conducta de quienes aspiran a cargos legislativos.
Con datos de Análisis digital
Redacción de 7Paginas
