Después de 14 meses de audiencias, el juez de Garantías Julián Vergara resolvió este jueves rechazar todas las nulidades presentadas por las defensas y avanzar en la remisión a juicio oral de la causa que investiga un entramado de presunta corrupción en el Estado entrerriano, con el exgobernador Sergio Urribarri y el empresario Diego Armando Cardona Herreros como principales acusados.
La investigación, encabezada por los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, sostiene que Cardona Herreros actuó como testaferro de Urribarri, canalizando contrataciones millonarias con el Estado provincial a través de empresas de su propiedad. Entre las pruebas presentadas se detallan viajes pagos con fondos ilícitos para la familia del exgobernador, así como pagos de dádivas por cada contratación.
El juez Vergara rechazó de forma contundente los pedidos de nulidad por supuestas irregularidades en la obtención y uso de evidencia digital. Las defensas cuestionaban la forma en que el Ministerio Público Fiscal (MPF) secuestró y analizó información de dispositivos electrónicos pertenecientes a Cardona Herreros, acusando falta de autorización judicial y violaciones al derecho a la intimidad.
Sin embargo, el magistrado respaldó la legalidad del procedimiento, afirmando que la extracción de datos fue una operación técnica, no un peritaje, y que se respetaron las garantías procesales. “La omisión de pasos del protocolo no implica automáticamente la ilegalidad de la prueba”, señaló, citando doctrina y jurisprudencia provincial.
Además, subrayó que la corrupción «no es un delito sin víctimas», sino que afecta directamente a los sectores sociales más vulnerables, al erosionar el desarrollo humano, la equidad y el acceso a los derechos fundamentales.
Los imputados
Además de Urribarri y Cardona Herreros, el expediente alcanza a otros funcionarios y exfuncionarios provinciales:
Luis Alfonso Erbes, exsubsecretario de Presupuesto
Humberto José Flores, exsecretario de Hacienda
Miguel Ángel Ulrich, actual director de Ajuste y Liquidaciones
Carlos Haidar, exdirector de Informática
Guillermo Smaldone, exfuncionario y autodefensor
Las defensas también cuestionaron la validez de pruebas obtenidas en allanamientos realizados en 2018, aludiendo a que el MPF “buceó” información de forma arbitraria y sin autorización judicial específica. El juez respondió que la búsqueda digital no puede compararse con una del mundo físico: “La información puede estar en cualquier parte del dispositivo, y limitar su análisis comprometería la investigación”, sostuvo.
Asimismo, aclaró que la causa por negociaciones incompatibles se originó en una investigación por enriquecimiento ilícito, lo que justifica el entrecruzamiento de pruebas y legajos.
Un paso clave hacia el juicio oral
Con esta resolución, la causa queda lista para ser enviada a juicio oral, donde se debatirán públicamente los hechos imputados. Vergara dejó en claro que la fiscalía puso siempre a disposición de las defensas toda la evidencia, y que será responsabilidad de cada parte elegir qué pruebas presentar en el debate.
“La corrupción dentro de la estructura del gobierno provincial es una calamidad que impacta directamente en la calidad de vida de las personas”, expresó el juez, remarcando la gravedad institucional del caso, que involucra a un exgobernador con dos mandatos al frente de la provincia.
El futuro judicial de Urribarri y los demás imputados ahora dependerá del juicio oral, donde se pondrá a prueba la solidez de la investigación fiscal frente a los argumentos de las defensas.
Con informacion de Analisis
Redaccion de 7Paginas
