El magistrado rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por las defensas de Urribarri y del empresario Diego Armando Cardona Herreros, entre otros imputados. En su resolución, el juez fue claro al afirmar que la denegatoria de un sobreseimiento no es apelable según el Código Procesal Penal de Entre Ríos.
Vergara fundamentó su decisión en el artículo 399 del CPP, que establece que sólo puede apelarse un sobreseimiento cuando este ha sido concedido, no cuando se lo rechaza. En ese sentido, desestimó también los argumentos de las defensas sobre un supuesto “gravamen irreparable” por la incorporación de pruebas digitales y testimoniales presentadas por la Fiscalía.
Sin embargo, el juez sí admitió un recurso de apelación presentado por el exministro de Trabajo Guillermo Smaldone, quien ejerce su propia defensa. El mismo cuestiona que no se hayan admitido pruebas ofrecidas por su parte.
El corazón de la causa: coimas y favores
El expediente judicial investiga una presunta red de pagos ilegales (denominados “PLM”) que habría funcionado a partir de contrataciones del Estado entrerriano con la empresa Relevamientos Catastrales SA, propiedad de Cardona Herreros. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, se trataba de un esquema organizado de retornos, sobornos y beneficios personales para altos funcionarios del gobierno provincial.
Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano detallaron en audiencia pública la distribución de coimas vinculadas a distintas licitaciones:
Licitación 1/08: se pagaron más de $3 millones en coimas, de los cuales más de $1 millón fue para “SDU” (siglas atribuidas a Urribarri).
Licitación 48/11: $3.762.000 en pagos ilegales con distribución entre funcionarios y empresarios.
Licitación 84/13 (Ministerio de Trabajo): $6.876.000 en coimas, con sumas específicas para Guillermo Smaldone, Mauro Urribarri (hijo del exgobernador), y otros funcionarios.
Licitación 2/15: pagos ilegales por $1.836.000.
Los fiscales sostienen que el esquema se activaba cada vez que el Estado hacía un pago a la empresa, con una mecánica que incluía transferencias bancarias, dinero en efectivo, facturación de servicios ficticios, y la compra de objetos personales para funcionarios y sus familias.
Entre los beneficios detectados figuran la compra de pasajes aéreos para la familia Urribarri y Smaldone, alfombras, electrodomésticos y equipamiento deportivo entregado en el domicilio del exgobernador en la Ciudad de Buenos Aires. Las adquisiciones habrían sido gestionadas directamente por Cardona Herreros o empresas vinculadas.
Además, los investigadores reconstruyeron comunicaciones entre los imputados, incluyendo mensajes entre Urribarri y Cardona Herreros, que, según la Fiscalía, confirman la estrecha relación y el conocimiento del circuito de pagos.
Las penas solicitadas
El Ministerio Público Fiscal ya anticipó las penas que solicitará en juicio:
Sergio Urribarri: 10 años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua, y multa de $540.000.
Diego Cardona Herreros: 9 años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua, y multa de $540.000.
Guillermo Smaldone: 5 años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua, y multa de $90.000.
Carlos Marcelo Haidar: 6 años de prisión, inhabilitación perpetua, y multa de $540.000.
Luis Alfonso Erbes: 5 años de prisión, inhabilitación perpetua, y multa de $360.000.
Miguel Ángel Ulrich: 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación perpetua, y multa de $360.000.
José Humberto Flores: 3 años de prisión condicional, inhabilitación perpetua, y multa de $90.000.
El juicio promete ser uno de los más importantes en la historia reciente de Entre Ríos y podría marcar un precedente sobre la responsabilidad de altos funcionarios en casos de corrupción estructural en la provincia.
Con información de Entre Rios ahora
Redacción de 7Paginas
