La propuesta establece que solo podrán participar en procesos licitatorios (públicos o privados), concursos de precios o compras directas, aquellas empresas que acrediten al menos dos años de actividad efectiva y comprobable en el rubro para el cual se presentan.
“Buscamos evitar contrataciones a empresas sin trayectoria ni capacidad técnica comprobada, que vulneran principios elementales como la legalidad, la eficiencia, la publicidad y la igualdad de oportunidades”, fundamentó Cresto.
Excepciones para MiPyMEs locales
Según lo indicado a 7Paginas, el proyecto contempla excepciones a esta exigencia de antigüedad para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) con domicilio fiscal en Entre Ríos que se encuentren debidamente inscriptas en el Registro de Proveedores del Estado. También considera casos especiales en los que la producción o prestación de servicios se realice íntegramente dentro del territorio provincial.
La acreditación de la experiencia podrá realizarse a través de:
Contratos anteriores con el sector público o privado
Facturación emitida en los últimos dos años en el rubro declarado
Certificaciones de organismos oficiales, gremios o cámaras empresarias
Declaraciones juradas respaldadas con documentación contable o registros en AFIP/ATER
Control y monitoreo
El proyecto establece que la Unidad Central de Contrataciones, en conjunto con el Tribunal de Cuentas, será el órgano responsable de auditar el cumplimiento de esta normativa. Además, deberán publicar un informe anual detallando los datos de los proveedores contratados, su trayectoria y el cumplimiento de los requisitos establecidos.
Con esta propuesta, Cresto y los legisladores firmantes buscan evitar prácticas irregulares en las contrataciones públicas, fortaleciendo la confianza en el accionar del Estado y promoviendo una gestión más transparente, profesional y eficiente.
