Olivera remarcó a 7Paginas, que la prisión preventiva no representa una pena anticipada, sino que es una herramienta procesal clave para garantizar el normal desarrollo de un juicio. “Se trata de una medida cautelar que busca evitar la fuga del imputado o el entorpecimiento del proceso judicial, y no una forma de castigo previo”, explicó.
Argumentos a favor de la Reiterancia
Desde su visión, la Ley de Reiterancia debería aplicarse en aquellos casos donde el imputado acumula múltiples causas penales o antecedentes de reincidencia, ya que esto podría representar un riesgo concreto para la continuidad del proceso judicial y para la integridad de víctimas y testigos.
Entre los fundamentos principales para su aplicación, Olivera destacó:
Garantizar el desarrollo del juicio: Evita que el imputado obstaculice la acción de la justicia.
Riesgo de entorpecimiento: Cuando hay acumulación de causas penales, se eleva la posibilidad de interferencia en el proceso.
Protección integral: El Código Procesal Penal de Entre Ríos ya contempla mecanismos para proteger a víctimas y testigos, que pueden verse amenazados sin una medida como la reiterancia.
Sustento jurisprudencial: Diversos fallos en el país avalan la constitucionalidad de esta herramienta procesal.
Críticas al sistema actual y reclamos de las víctimas
Una de las mayores preocupaciones de quienes respaldan esta postura es la percepción de “puerta giratoria” que afecta la credibilidad del sistema judicial. Señalan que personas con antecedentes penales o condenas firmes obtienen beneficios como la prisión domiciliaria, incluso en casos de delitos graves, lo que genera malestar en la sociedad y sensación de impunidad.
Desde el lado de las víctimas, también hay reclamos crecientes por mayor protección y por una justicia que actúe con firmeza, especialmente en contextos donde la reiteración delictiva podría poner en riesgo su seguridad.
Una herramienta que divide opiniones
Si bien la Ley de Reiterancia aparece como una posible solución para contener la reincidencia y fortalecer el proceso judicial, su aplicación debe ser equilibrada y respetar los derechos de todas las partes involucradas.
Olivera concluye que, lejos de ser una medida punitiva extrema, la prisión preventiva basada en la reiterancia puede ser una herramienta válida y necesaria en casos específicos, donde lo que está en juego es la garantía del debido proceso y la integridad de quienes participan del mismo.
El debate, que ya toma fuerza en diversos ámbitos judiciales y políticos de la provincia, abre la puerta a una posible reforma o aplicación más activa de esta herramienta legal en Entre Ríos.
