Según las organizaciones gremiales, muchos de los trabajadores despedidos contaban con hasta 15 años de antigüedad y desempeñaban funciones permanentes dentro del municipio, pese a no haber sido regularizados formalmente. “Estos trabajadores, lejos de haber sido ocasionales o eventuales, han sido víctimas de una situación de precarización laboral sostenida por distintas gestiones municipales”, indicaron los sindicatos en un duro comunicado conjunto, que remitieron a la redacción de 7Paginas.
La decisión del Ejecutivo fue justificada como parte de un «ajuste presupuestario» basado en un «riguroso análisis de cada situación particular», pero desde los gremios afirman que ese argumento es “falaz” y responde a un recorte generalizado sin criterios objetivos ni compensaciones, que atenta directamente contra el sustento de numerosas familias.
La reacción sindical no se hizo esperar. Además del rechazo formal, se convocaron medidas de fuerza y se denunció una posible “maniobra extorsiva” por parte del gobierno municipal, luego de que se anunciara el descuento salarial a quienes participen de protestas y huelgas. “Aplicar descuentos como castigo por participar en una manifestación afecta indirectamente el ejercicio del derecho de huelga y constituye una práctica antisindical inadmisible”, manifestaron los gremialistas.
Los sindicatos también defendieron el derecho constitucional a huelga, consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y alertaron que el accionar del Ejecutivo “profundiza la desigualdad social y viola derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras”.
Finalmente, las entidades gremiales reiteraron su voluntad de diálogo, pero advirtieron que no tolerarán amenazas ni represalias. “Vamos a seguir defendiendo con firmeza los derechos de nuestros compañeros y compañeras. No es solo una cuestión laboral, sino también una lucha por la dignidad y por la justicia social”, afirmaron.
En este contexto, las medidas de fuerza continúan, mientras se aguarda una posible instancia de negociación que permita revertir la medida o, al menos, garantizar condiciones dignas y justas para quienes se ven afectados por estas decisiones.
