La jueza federal en lo civil, comercial y contencioso administrativo de San Martín, Martina Forns, dictó una medida cautelar que suspende la aplicación del decreto 461/2024, firmado el pasado 8 de julio por el presidente Javier Milei, mediante el cual se disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
La medida judicial se originó a partir de una presentación del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional Casa Central (SEVINA), y tendrá una vigencia inicial de seis meses, plazo en el cual el Ejecutivo no podrá ejecutar ninguna acción derivada del decreto: ni reubicaciones, ni traslados, ni cesantías, ni supresiones de estructuras.
En su resolución, la magistrada sostuvo que se dan las condiciones para otorgar la medida cautelar, al verificar la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Según argumentó, la disolución de la DNV y el traslado del personal a otras áreas estatales «vulnera derechos laborales adquiridos», afectando el principio de estabilidad y el ámbito de protección de las convenciones colectivas de trabajo.
Forns subrayó que Vialidad Nacional “es una entidad autárquica con personalidad jurídica para actuar en el ámbito público y privado”, por lo que cualquier modificación estructural debería regirse por los marcos normativos vigentes, entre ellos la Ley de Contrato de Trabajo y el régimen estatutario propio de los trabajadores viales.
Uno de los aspectos más cuestionados del decreto presidencial es el artículo 33, que establece que todo movimiento de personal deberá ser aprobado por la Secretaría de Transformación del Estado, subordinando así las decisiones internas de la DNV a un órgano central, lo que la jueza consideró como una interferencia arbitraria que vulnera los derechos sindicales y laborales de los empleados estatales.
La jueza también expresó que el decreto genera un «temor fundado a sufrir un daño inminente», debido a que la falta de una protección judicial urgente podría llevar a consecuencias irreparables para los trabajadores afectados.
El fallo no es definitivo: el Gobierno nacional podrá apelar la medida para que sea revisada por la Cámara Federal de San Martín.
Este revés judicial se suma a las múltiples controversias que han surgido en torno a la política de desregulación del Estado que impulsa la gestión de Javier Milei, y deja en suspenso una de las decisiones más polémicas de su administración en materia de infraestructura y empleo público.
