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Crisis en la Policía Federal: en Concordia, algunos funcionarios manejan UBER para llegar a fin de mes

El suicidio del escribiente Alejandro Tejerina en el baño del Hospital Churruca expuso con crudeza el deterioro institucional y humano que atraviesa la Policía Federal Argentina. A partir de este hecho, se conoció que más de 600 efectivos —entre policías, personal médico y administrativo— pidieron la baja voluntaria en lo que va del año. Se trata de una cifra sin precedentes que desnuda una crisis estructural, marcada por sueldos congelados, una obra social colapsada y un profundo malestar interno.
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Desde que asumió la presidencia Javier Milei, el poder adquisitivo de los agentes cayó drásticamente. Mientras que la Policía de la Ciudad pasó a ganar un 50% más que la Federal, los efectivos nacionales quedaron por debajo de la línea de pobreza. «El salario real cayó a la mitad», advierten desde sectores internos de la fuerza. A esto se suma una situación desesperante con la obra social: miles de farmacias ya no reciben afiliados, los servicios están suspendidos y, en varias provincias, directamente no hay cobertura médica. A pesar de los descuentos que llegan hasta los 300 mil pesos para los rangos superiores, los efectivos no reciben ninguna contraprestación.

Realidad crítica en Concordia

En Concordia, la ciudad más populosa de la costa del río Uruguay, la crisis también se siente con fuerza. Aunque aún no se han registrado bajas formales, varios funcionarios de la Policía Federal —especialmente del escalafón de suboficiales— deben recurrir a trabajos paralelos, como manejar vehículos de transporte a través de plataformas como Uber, para poder subsistir.

Además, la falta de recursos impacta en el accionar operativo. Si bien Concordia cuenta con un Juzgado Federal, los procedimientos por narcotráfico de envergadura son escasos. La falta de presupuesto, combustible, insumos y personal capacitado hace que, en la mayoría de los casos, solo se actúe sobre el narcomenudeo. Pequeños vendedores son detenidos, pero los grandes distribuidores permanecen impunes y operando con total libertad.

La situación actual revela un escenario alarmante, donde los efectivos federales no solo deben enfrentar la inseguridad en las calles, sino también una creciente inseguridad económica, sanitaria y laboral dentro de la propia fuerza. Mientras tanto, las autoridades nacionales aún no presentan un plan concreto para revertir este colapso.

Redacción de 7Paginas