Según se informó a7Paginas, el conflicto comenzó cuando dos familias disputaron la posesión de una propiedad. En un principio, una de ellas alquilaba el inmueble a la otra, pero posteriormente intentó venderlo, alegando tener documentación respaldatoria expedida por el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (IN.V.Y.T.AM) de Concordia.
Ante la sospechosa transacción —ya que la venta de este tipo de viviendas sociales está expresamente prohibida— la familia inquilina recurrió al IN.V.Y.T.AM para esclarecer la situación. Tras una evaluación del caso, el organismo resolvió otorgarles la titularidad del terreno y la vivienda, al constatar que la operación de venta no tenía validez legal.
La resolución del instituto desató la ira de la otra parte, que regresó al lugar junto con familiares y vecinos, ingresando por la fuerza al domicilio mediante amenazas verbales y agresiones físicas. Como consecuencia de estos hechos intimidatorios, la familia adjudicataria debió abandonar la vivienda por temor a represalias.
Las actuaciones policiales continúan bajo la órbita de la justicia, mientras que desde el IN.V.Y.T.AM reiteraron la ilegalidad de cualquier intento de venta o comercialización de las viviendas sociales adjudicadas por el Estado.
