La maniobra, según consta en la denuncia que tramita en la fiscalía del Dr. José Arias, habría sido encubierta bajo un supuesto acuerdo de limpieza y poda, aunque el contrato firmado por la directora Norali Paleico y la jefa de Producción Romina Zobka con el empresario Marcos Dos Santos, fechado el 5 de mayo, lleva el título: “Contrato de Venta de Eucaliptos Colorado”.
Aunque dicho contrato establece tareas menores y dentro del predio escolar, testigos aseguran que la madera retirada —más de 40 mil pies— supera ampliamente lo que el campo educativo podría contener, y las huellas del paso de camiones indican que la actividad forestal se expandió hacia terrenos municipales con árboles centenarios.
Además, parte del material fue hallado elaborado como tablas, postes y portones en lo que aparentaba ser un aserradero improvisado, montado en medio del predio alambrado. Personal municipal detectó la actividad tras una denuncia de un vecino el 31 de julio. En ese momento, al ser interpelados, los trabajadores exhibieron el contrato mencionado como respaldo legal. Sin embargo, la falta de inventario, tasación, mensura y delimitación del área en el acuerdo levantó serias sospechas.
Al arribo de la policía, se encontraron tablones ya cortados, una máquina de aserrar que luego fue hallada escondida en las instalaciones de la escuela y una lista de presuntos clientes. Además, fuentes ligadas a la investigación indicaron que el esposo de la directora estaría vinculado al negocio de la madera y habría recomendado al contratista.
Desde el municipio de Estancia Grande se remarcó la gravedad de lo ocurrido: los árboles talados tienen entre 100 y 150 años, y pertenecen al patrimonio histórico de la región. Según registros locales, por ese monte pasó el prócer uruguayo José Gervasio Artigas durante el Éxodo Oriental, lo que le otorga valor histórico además del económico.
Hasta el momento, la Justicia logró recuperar unos 24.000 pies de madera —distribuidos en seis chasis— que no llegaron a ser retirados del lugar, pero se presume que el resto ya fue comercializado. La fiscalía deberá determinar si se trató de un hecho de corrupción y saqueo amparado por la autoridad educativa, y qué grado de participación o responsabilidad tuvo cada uno de los involucrados.
Fuente original y foto: Diario Junio, Autor: Federico Odorisio
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