El intendente Marcelo Borghesan recibió días atrás al jefe de la Delegación local de la PFA, comisario Daniel Ponce, para comunicarle formalmente que el municipio renovará por última vez el contrato de alquiler con fondos propios. El nuevo acuerdo se extenderá desde el 1 de agosto hasta el 31 de enero del año próximo. Luego de esa fecha, será la propia fuerza federal la que deberá afrontar el gasto del alquiler si desea continuar funcionando en Chajarí.
La decisión municipal se da en un contexto de recorte de recursos y reestructuración dentro de la Policía Federal, lo que reaviva las preocupaciones que ya habían surgido años atrás sobre el posible cierre de esta dependencia.
En 2021, trascendió públicamente la intención del gobierno nacional de cerrar delegaciones de la PFA en ciudades del interior del país, y Chajarí estuvo en esa lista. Por entonces, la noticia generó fuerte preocupación entre las autoridades locales, especialmente luego del alejamiento de Néstor Roncaglia —oriundo de Chajarí— del cargo de jefe de la Policía Federal, ya que fue él quien en su momento impulsó la instalación de la sede en esta ciudad.
Gracias a las gestiones del ex intendente Pedro Galimberti y la diputada nacional Gabriela Lena, se logró frenar aquella intención de cierre. Sin embargo, la incertidumbre vuelve a instalarse hoy ante el inminente vencimiento del contrato y la falta de garantías por parte de la fuerza para continuar con el pago del alquiler.
De concretarse el cierre, se trataría de una pérdida institucional significativa para Chajarí, no solo por el valor simbólico de contar con una delegación federal, sino también por su rol en investigaciones de delitos complejos y federales en la región.
Mientras tanto, desde el municipio señalan que ya cumplieron durante años con la responsabilidad de sostener económicamente el alquiler, y que ahora le corresponde a la Policía Federal asumir ese compromiso si quiere permanecer en la ciudad.
Con información de Chajari al Dia y 7Paginas
Redacción de 7Paginas
