“Por instrucción del gobernador Rogelio Frigerio, el Gobierno de Entre Ríos procura la reparación patrimonial del daño a través de todos los canales jurídicos posibles”, sostuvo Rodríguez Signes, y agregó que la intervención de la Fiscalía de Estado como actor civil “es un paso fundamental dentro del plan de recupero fijado por el Poder Ejecutivo”.
El fiscal recordó que la Fiscalía de Estado “es un órgano autónomo en el ejercicio de su competencia y tiene legitimación suficiente para promover acciones civiles, sin autorización ni condicionamiento de otros organismos”. En ese sentido, subrayó:
“Nuestro deber es defender el patrimonio de la provincia, y por eso ejercemos la acción civil contra los imputados, con base en la prueba producida y en los contratos irregulares detectados”.
Según las pericias realizadas, el perjuicio patrimonial asciende a 392 millones de pesos, monto que constituye la base de la demanda civil presentada por la provincia.
Rodríguez Signes remarcó además la trascendencia institucional del caso: “Se trata de un hecho de gran magnitud, que involucra acusaciones de peculado y asociación ilícita. La acción de la provincia busca garantizar que, además de las responsabilidades penales, se concrete la reparación del daño ocasionado al erario público”.
En paralelo, el Gobierno entrerriano avanza en la revisión de los contratos irregulares con el fin de declarar su nulidad, en el marco de lo dispuesto por el decreto 604, que instruyó a las cámaras legislativas a intervenir sobre este tema.
Finalmente, el fiscal de Estado concluyó:
“Defender el interés de la provincia implica utilizar todas las herramientas legales, democráticas y constitucionales para reparar el daño y recuperar lo que irregularmente salió del patrimonio público”.
Con información de prensa provincial
Redaccion de 7Paginas
