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Concordia: Azcué dispuso la separación inmediata de un funcionario detenido en una causa por extorsión sexual y drogas

Un operativo policial realizado este martes 2 de septiembre en una vivienda de calles La Rioja y Coldaroli derivó en la detención de un funcionario municipal, su pareja y su hijo, tras el hallazgo de estupefacientes en el lugar.
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Redacción 7Paginas

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La denuncia inicial

El allanamiento fue solicitado por el fiscal de género Francisco Paoli y autorizado por el juez de garantías Ives Bastián, a partir de la denuncia de una mujer que aseguró estar siendo víctima de extorsión sexual. Según relató, otra mujer le exigía el pago de 20 millones de pesos antes del 5 de septiembre para no difundir imágenes y videos íntimos.

El procedimiento y lo incautado

Durante la requisa, personal del Comando Radioeléctrico, a cargo del segundo jefe Leandro Pietravalo, secuestró ocho teléfonos celulares, equipos informáticos, seis envoltorios de flores de marihuana, una balanza digital y $198.000 en efectivo.

Los detenidos fueron identificados como Alberto Aquiles -Cachito- Ocampo (61), director de Administración y Despacho de la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Municipalidad; su pareja, Patricia Gloria Cruz (56), empleada en la Dirección de Especialidades Médicas de la Secretaría de Salud; y su hijo, Fernando Aquiles Ocampo (20), en cuya habitación se hallaron los estupefacientes.

Los investigadores aclararon que las detenciones no fueron por la denuncia inicial de extorsión, sino por el hallazgo de drogas en el domicilio.

Reacción del Municipio

Ante la gravedad de los hechos, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, resolvió mediante decreto la inmediata separación del cargo de Ocampo.

En un comunicado oficial, enviado a la redacción de 7Paginas,  el jefe comunal manifestó:

“En esta gestión no se van a tolerar incumplimientos de la ley. No habrá ningún tipo de contemplación, ni beneficios. La Justicia debe actuar con total libertad.”

Desde el Ejecutivo remarcaron que la decisión busca garantizar la transparencia institucional y permitir que la investigación judicial avance sin condicionamientos.