La denuncia, que derivó en allanamientos realizados el pasado sábado 13 de septiembre por personal de la Comisaría Segunda, expone que un hombre de 39 años accedió a la billetera virtual del jubilado y realizó compras millonarias de dispositivos electrónicos, además de solicitar un crédito a su nombre.
Uno de los operativos se llevó a cabo en un local ubicado en la esquina de avenida San Lorenzo y Alvear, donde se secuestraron dos celulares y un reloj inteligente, elementos vinculados directamente a la maniobra. Según la investigación encabezada por la fiscal Daniela Montangie y avalada por el juez de Garantías Francisco Ledesma, el acusado habría adquirido un reloj inteligente y cuatro teléfonos Samsung Galaxy S25, enviados al domicilio del kiosco.
Tras las pruebas reunidas, la fiscal Montangie imputó a Emiliano Sebastián Monsa Logegaray por el delito de estafa. Su celular será sometido a pericias para establecer el alcance de la operatoria.
Un drama social detrás del caso policial
Más allá de la causa judicial, este hecho pone en evidencia la desprotección que padecen los adultos mayores frente a estas maniobras delictivas. La víctima, que padece severos problemas de visión y un cuadro depresivo diagnosticado, no solo perdió dinero y bienes materiales, sino también su único vehículo, lo que lo dejó sin medios para movilizarse y con serias dificultades para sostener su vida diaria.
“Esto no es solo un caso policial más, es un problema social grave: hablamos de adultos mayores desamparados que terminan siendo blanco fácil de estafadores”, remarcaron fuentes cercanas.
El proceso judicial seguirá su curso, pero la historia de este jubilado expone un trasfondo más profundo: la necesidad de que el Estado y la Justicia articulen mecanismos de protección inmediata para víctimas en situación de vulnerabilidad, que no pueden esperar los tiempos burocráticos de una investigación. Cada día sin respuestas agrava su fragilidad y lo deja a merced de la indiferencia.
Diauno
