Las empleadas, que formaban parte de la planta desde la gestión anterior, habían denunciado persecución laboral al ser trasladadas a tareas de barrido y limpieza, con una reducción salarial significativa. Según consta en la denuncia, la decisión municipal habría tenido motivaciones políticas y constituyó un acto de violencia simbólica y económica.
El fallo judicial, dictado por el juez Mariano Luis Velasco y confirmado por la Cámara del Trabajo de Concordia, ordenó a la intendenta “restituir a las trabajadoras en sus puestos originales, abstenerse de cualquier práctica discriminatoria y restablecer su salario correspondiente”. Además, el Superior Tribunal de Justicia dispuso que el Municipio brinde capacitaciones sobre violencia laboral y la Ley Micaela.
Pese a los recursos presentados por el asesor legal del municipio, la Justicia ratificó la sentencia en todas las instancias. Finalmente, este viernes se cumplió con la orden judicial y las trabajadoras volvieron a desempeñar sus funciones en el Corralón Municipal.
Corradini había expresado que su denuncia fue motivada por “una situación de injusticia y maltrato”, mientras que la Cámara de Apelaciones reprochó la actitud de la intendenta por “negar el vínculo laboral con las denunciantes” y por su “falta de colaboración” durante las pericias psicológicas.
Este fallo sienta un precedente en materia de violencia laboral dentro del ámbito público, reafirmando el derecho de los trabajadores a condiciones laborales dignas y a no ser objeto de discriminación por motivos ideológicos o políticos.
