Una grave denuncia por presunto desfalco millonario sacude a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). La investigación, encabezada por el fiscal Gonzalo Badano, avanza este martes con allanamientos simultáneos en dependencias del organismo y en domicilios particulares de exfuncionarios, tanto en Entre Ríos como en otras provincias.
Los operativos, ordenados por la Justicia de Entre Ríos y ejecutados por la División Delitos Económicos de la Policía provincial, buscan recolectar documentación, computadoras y pruebas vinculadas con presuntas maniobras fraudulentas en contrataciones y compras realizadas durante la gestión anterior.
De acuerdo con la información oficial, se realizan 15 allanamientos: nueve en Paraná, dos en Santa Fe, dos en Córdoba y dos en la provincia de Buenos Aires. Uno de los procedimientos tiene lugar en la sede central de la DPV, ubicada en avenida Ramírez y López y Planes, donde las actuales autoridades colaboran con la Justicia.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el actual director del organismo, Ezequiel Donda, quien detectó irregularidades en licitaciones y pagos durante una revisión administrativa. Según trascendió, cuatro exfuncionarios de distintas áreas —principalmente de contrataciones y compras— estarían involucrados, junto a empresas proveedoras que habrían presentado presupuestos “inflados” para justificar pagos con sobreprecios.
El monto total del perjuicio al Estado aún no fue precisado, aunque las fuentes judiciales hablan de cifras millonarias.
“El trabajo que venimos realizando es minucioso y apunta a determinar responsabilidades concretas dentro del esquema de contrataciones irregulares”, indicó una fuente cercana a la investigación.
Por el momento, no se han dispuesto detenciones, pero se espera que tras el análisis del material secuestrado el fiscal Badano convoque a declaraciones testimoniales e indagatorias en los próximos días.
La denuncia marca un nuevo capítulo en el proceso de revisión y transparencia que impulsa la actual gestión de la DPV, con el objetivo de esclarecer el destino de fondos públicos y evitar que se repitan prácticas de corrupción dentro del organismo vial entrerriano.
