La medida, adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, busca propiciar un ámbito de diálogo para resolver los conflictos derivados de incumplimientos de transferencias de la Anses hacia las cajas jubilatorias no transferidas de las provincias.
Reclamo de La Pampa
La primera audiencia se realizará el miércoles 5 de noviembre y corresponde al caso de La Pampa, cuyo gobernador Sergio Ziliotto reclama una deuda que, según los cálculos provinciales, asciende a $400.000 millones.
El reclamo se apoya en los compromisos establecidos en el Pacto Fiscal de 1999 y la Ley 27.260, que garantizaban compensaciones financieras a las provincias que conservaron sus sistemas previsionales.
El gobierno pampeano presentó además una medida cautelar urgente, alegando que los recortes en los aportes nacionales desde la asunción de Javier Milei han generado graves dificultades de financiamiento para el sistema previsional provincial.
Reclamo de Entre Ríos
Una semana después, el 12 de noviembre, será el turno de Entre Ríos, que exige el pago de $154.606 millones, según los cálculos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia.
La demanda fue presentada en abril de 2024 por el gobernador Rogelio Frigerio y el fiscal de Estado Julio César Rodríguez Signes, quienes sostienen que el incumplimiento de los compromisos asumidos en el Consenso Fiscal de 2017 generó un déficit estructural en el sistema previsional entrerriano.
El acuerdo de 2017 establecía un esquema de partidas presupuestarias actualizadas, anticipos automáticos y un sistema simplificado de información, que —según la demanda— la Nación no ha respetado. “El incumplimiento de esas obligaciones impide sostener el equilibrio financiero de la Caja”, sostuvieron desde el gobierno provincial.
La posición de la Corte
Al aceptar los planteos, la Corte reafirmó su competencia originaria para intervenir en litigios entre provincias y el Estado nacional. En el escrito referido al caso pampeano, el tribunal recordó que, según el artículo 117 de la Constitución Nacional, corresponde a la Corte entender en causas donde una provincia demanda a la Nación, garantizando así la coexistencia de ambas prerrogativas jurisdiccionales.
Un conflicto que se extiende a otras provincias
La intervención de la Corte no se limita a estos dos casos. Santa Fe también mantiene una demanda por deudas previsionales, que estima en $1,2 billones, y reclama la reposición de anticipos automáticos interrumpidos por decreto. En junio, el gobernador Maximiliano Pullaro participó de la audiencia de conciliación junto a los exmandatarios Antonio Bonfatti y Omar Perotti.
Con este escenario, la disputa por los fondos previsionales se consolida como uno de los principales frentes de conflicto entre las provincias y el gobierno nacional, en un contexto económico marcado por el ajuste y la reducción de transferencias discrecionales.
La Pampa y Entre Ríos llegarán a la Corte con reclamos que, sumados, superan los $550.000 millones, una cifra que refleja no solo la magnitud del conflicto, sino también la creciente tensión fiscal entre las jurisdicciones y la administración central.
Con informacion de Infobae
Redaccion de 7Paginas
