Según consta en la denuncia, la mujer relató que en octubre de este año confió a una colaboradora una caja con pagarés y documentación de vehículos pertenecientes a su actividad comercial vinculada a la compraventa de automotores. Días después, esa persona le informó que la caja había sido robada en la vía pública por desconocidos armados.
No obstante, la denunciante sostiene que el supuesto robo habría sido simulado, y que la documentación terminó en poder de un profesional del derecho, presuntamente por intermedio de un tercero.
En el escrito presentado ante la Fiscalía, la comerciante manifiesta que los mencionados se habrían negado a devolver los pagarés y papeles, y que incluso habrían contactado a los deudores firmantes para exigir el cobro de las cuotas, con el objetivo de apropiarse ilegítimamente de fondos pertenecientes a ella.
Extraoficialmente, trascendió que la acción del abogado podría estar motivada por intereses económicos vinculados a la presunta recuperación de dinero indebido de terceros, lo que representaría un monto considerable. De acuerdo a las versiones recogidas, nada de ese dinero habría sido declarado oficialmente, y el profesional estaría aprovechando la situación de retener la documentación para ejercer presión o facilitar arreglos informales entre particulares.
La denuncia incluye un extenso detalle de pagarés y operaciones comerciales que, según la víctima, forman parte de su patrimonio y fueron sustraídos sin autorización. También solicita el secuestro preventivo e inmediato de toda la documentación involucrada, a fin de evitar su ocultamiento o destrucción, y pide ser reconocida como parte querellante en la causa.
El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía de Federación, que deberá determinar si existieron maniobras de extorsión, retención indebida de documentos y perjuicio económico.
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