En una entrevista concedida a Radio Chajarí, Batalla —acompañado por el abogado Andrés Pessolani— reconstruyó el origen de la denuncia, el largo proceso judicial que atravesaron y el drástico cambio de criterio entre el fallo de primera instancia y la resolución absolutoria de la Cámara de Casación.
El origen del conflicto
Batalla recordó que en 2010, junto a Dagani y una comisión del SOEM, asumieron la conducción de la Caja de Jubilaciones en un contexto crítico: “La caja venía quebrada en todo sentido. Había una deuda enorme de aportes y ni siquiera se podían pagar las jubilaciones del mes en que asumimos”, señaló.
Entre las tareas de reorganización apareció Acosta, un empleado municipal que ofreció realizar trabajos de corretaje para la Caja. Según Batalla, se trataba de tareas esporádicas y se lo inscribió para que pudiera facturar, dado que ya era empleado municipal y no podía ser contratado bajo relación de dependencia. Durante varios años cumplió funciones hasta que, en un momento en el que no había trabajos para asignarle, comenzó a reclamar nuevos pagos.
Fue entonces, relató Batalla, cuando Acosta se vinculó con dirigentes del otro gremio municipal, Aemfe, mencionando en particular a Lisandro Reniero, quien —según su versión— habría influido para que se presentaran primero un reclamo laboral y luego la denuncia penal. “Era parte de la interna histórica entre los gremios”, afirmó.
La denuncia y la primera condena
Acosta declaró que no había realizado trabajos por los cuales aparecían facturas a su nombre y que no había recibido los pagos correspondientes. Batalla indicó que esas afirmaciones contradecían documentación existente en la Caja y que, en primera instancia, los jueces habrían dado un peso decisivo solo al testimonio del denunciante y de Reniero.
Ese tribunal los condenó a penas de prisión efectiva:
3 años y 7 meses para Dagani,
4 años para Batalla,
ambos por peculado y administración fraudulenta.
“Fue un golpe devastador. Mi familia dependía de mí. Pensé en lo que podía llegar a pasar”, confesó visiblemente emocionado.
El giro en Casación
Según relató, la Cámara de Casación examinó las mismas pruebas —sin que se presentara nueva documentación— y llegó a la conclusión opuesta. Los abogados Andrés Pessolani, Cullen y Conti remarcaron ante ese tribunal las contradicciones entre las declaraciones de Acosta en el juicio laboral y las realizadas en sede penal, inconsistencias que en la primera instancia no habrían sido consideradas.
Además, recordaron que la Caja fue auditada durante esos años por el Tribunal de Cuentas de la provincia, con aprobación de todos los ejercicios, y que una auditoría externa realizada tras la denuncia también avaló la correcta administración.
“En Casación vieron las cosas como correspondía. Tres jueces que antes nos habían condenado y otros tres que después dijeron que no teníamos responsabilidad. No hay delito, así de simple”, expresó Batalla.
Un cierre que deja cicatrices
Aunque la absolución quedó firme y ya no admite nuevas apelaciones, Batalla señaló que el daño sufrido no se repara fácilmente: “Fueron nueve o diez años de sufrimiento, de pensar todas las noches en esto. Me arruinaron la vida durante un tiempo”.
Respecto a una posible acción legal contra quienes lo denunciaron, admitió que es una opción posible, pero por ahora su intención es “dar vuelta la página”.
Para concluir, agradeció el espacio brindado por medios que permitieron difundir su versión, remarcando que otros comunicadores de Federación “dieron muy duro” durante el proceso y aún no se habían hecho eco de la absolución.
La causa, que durante una década atravesó instancias administrativas, laborales y penales, llega así a su cierre judicial definitivo, aunque su impacto político y gremial seguramente continuará resonando en el ámbito municipal de Federación.
Redaccion de 7Paginas
