Tras la derrota electoral, se había conformado una ola de pedidos formales de sanciones contra dirigentes que se presentaron como candidatos o apoyaron listas de otras fuerzas políticas. Esos reclamos derivaron en una decena de presentaciones ante el Tribunal de Disciplina del partido, que incluyen pedidos de suspensión de afiliación y expulsión.
El punto más alto del conflicto se produjo el 27 de noviembre, cuando el Consejo Provincial del PJ resolvió, por amplia mayoría (10 votos contra 4), apartar de sus cargos partidarios a la vicepresidenta del partido, Carina Domínguez, y a la vocal Carolina Gaillard. La decisión se fundamentó en el apoyo de Domínguez a la candidatura a senador de Héctor Maya por el Partido Socialista y en la postulación de Gaillard como senadora por el Frente Grande y el Movimiento por Todos.
En paralelo, el Tribunal de Disciplina —integrado por Adriana Marcela Pérez, Pablo José Vittor y Juan Carlos Reffino— debe analizar las denuncias presentadas contra Gaillard, Domínguez y otros dirigentes, entre ellos Héctor Maya, Gustavo Guzmán, María Rosa Vergara, Graciela Trinidad, Ariel Villanueva, Verónica Rubattino, Federico Olano, Silvio Farach, Oscar Barzola y el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, además de otros militantes acusados de trabajar en contra del PJ. Según las normas internas, el Tribunal debe garantizar el derecho de defensa y luego elevar una recomendación que deberá ser tratada por el Congreso Provincial del partido.
Sin embargo, tras la reunión del Consejo de noviembre, el escenario cambió. El desplazamiento de Domínguez y Gaillard funcionó como un “fusible” político que descomprimió la interna. Desde entonces, se consolidó la idea de que no habrá nuevas decisiones disciplinarias en lo que resta del año, y que el Tribunal recién retomará el tema entre febrero y marzo de 2026.
Domínguez, dirigente de UPCN y referente del gremio estatal mayoritario, optó por no impugnar públicamente su apartamiento ni escalar el conflicto político, al menos hasta después del receso de verano. Gaillard, en tanto, tampoco recurrió formalmente la decisión, aunque buscó respaldo político a nivel nacional mediante un petitorio que cuestiona la remoción de ambas dirigentes, una movida que no contó con el apoyo explícito de Domínguez.
La ex diputada sostiene que no será expulsada y afirma que, en la misma reunión del Consejo Provincial que la apartó de su cargo, se habría acordado que no se avanzaría con expulsiones. Desde el oficialismo partidario reconocen que la tensión interna disminuyó, aunque aclaran que eso no implica que el tema esté cerrado. Las definiciones, insisten, quedarán para el inicio del próximo año.
Así, el PJ entrerriano llega al cierre de 2025 con la interna en pausa, sin sanciones concretas y con un debate disciplinario que promete reactivarse en 2026.
Con información de Pagina Politica
