De ese total, diez firmas ya fueron imputadas por la fiscal federal Cecilia Incardona en una causa que investiga un presunto entramado de lavado de dinero. Entre las empresas más relevantes figuran Sur Finanzas Group, Sur Finanzas PSP, Cluster Palace Beach y Sur Pagos, todas ellas allanadas en el marco del expediente que tramita ante el Juzgado Federal a cargo de Luis Armella.
Las situaciones dentro del grupo empresario son dispares. Cluster Palace Beach, utilizada por Vallejo para la apertura de un parador en Villa Gesell, fue además la firma que figuraba como titular de una Ferrari California negra que solía verse frente a la sede central de Sur Finanzas, en la localidad bonaerense de Adrogué. En tanto, Roncalom SA, dedicada al rubro corralón de materiales, aparece en la Central de Deudores del Banco Central con calificación 5, la peor categoría posible, correspondiente a deudas consideradas “irrecuperables”.
Desde la IGJ, su titular Daniel Vitolo confirmó que ninguna de las empresas del grupo presentó los balances correspondientes. No obstante, aclaró que actualmente no se pueden cursar intimaciones debido a la vigencia de una moratoria que se extiende hasta el 30 de junio de 2026, salvo que exista una denuncia formal que habilite otro tipo de intervención.
En respuesta a las consultas periodísticas, allegados a Vallejo remitieron a un medio nacional balances de Sur Finanzas Group correspondientes a 2024 y de Sur Finanzas PSP al 31 de marzo de 2025. Según esa documentación, la proveedora de servicios de pago habría registrado una ganancia de 353 millones de pesos entre abril de 2024 y marzo de 2025. Los estados contables cuentan con la firma del financista y la certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño, aunque no registran constancia de presentación ante la IGJ.
Las 14 firmas aparecen registradas en la base de datos oficial del organismo de control, que establece de manera expresa, a través de resoluciones vigentes, la obligación de presentar documentación contable periódica. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron que ninguna de las sociedades cumplió con ese requisito.
Según explicó el propio Vallejo en conversaciones privadas posteriores a una denuncia de la DGI, su estructura de negocios se apoya en tres pilares: el otorgamiento de créditos a través de Sur Finanzas, los servicios de pago mediante Sur Finanzas PSP y las casas de cambio. Justamente, dos de esas ramas centrales se encuentran bajo la lupa judicial.
Sur Finanzas, la empresa dedicada a préstamos y conocida por su fuerte presencia publicitaria en el fútbol argentino, se consolidó como sponsor de clubes y torneos de la AFA en pocos años. En paralelo, la Proveedora de Servicios de Pago es el eje de una denuncia de la Dirección General Impositiva por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. Según la presentación judicial, a través de esa plataforma se habrían canalizado transferencias por unos 818 mil millones de pesos realizadas por contribuyentes considerados no confiables y monotributistas de escasa capacidad económica.
El listado de empresas que adeudan balances también incluye a Gestiones San Miguel, creada en 2015 y que incorporó como socias en 2022 a la madre del financista, Graciela Beatriz Vallejo, y a Silvia Torrado, un nombre recurrente en la conformación de distintas sociedades del grupo. Registros oficiales indican que, hasta hace poco, Graciela Vallejo figuraba como propietaria de vehículos de alta gama, cuyo valor total supera los 350 mil dólares.
Otras firmas observadas por la IGJ son Cluster Palace Beach y Sur Finanzas Beach, esta última continuadora de Abo Inversiones, creada en 2020. Ese mismo año surgió Valle Business, empresa que aparece en registros oficiales vinculados a la emisión de facturas apócrifas. A partir de 2021, el entramado se amplió con la creación de Sur Finanzas Group y, posteriormente, con Sur Pagos, Sur Crypto, Sur Valores y SF Inversiones.
En paralelo, la AFA también quedó bajo la lupa de la IGJ. El organismo anunció que intimará a la entidad madre del fútbol argentino y a la Superliga para que brinden explicaciones sobre sus estados contables y financieros. Desde el Gobierno nacional se advirtió que el incumplimiento de los requerimientos podría derivar en sanciones económicas severas para las instituciones y sus directivos.
El avance de las investigaciones judiciales y administrativas mantiene en el centro de la escena a un conglomerado empresario que, en menos de una década, logró una expansión vertiginosa, pero que ahora enfrenta serios cuestionamientos por su falta de cumplimiento ante los organismos de control.
