El hecho puso nuevamente en punta el reclamo histórico por la finalización de las 165 viviendas proyectadas en la Quinta 137, obras que quedaron paralizadas cuando apenas alcanzaban un 30% de avance, luego de que el gobierno nacional dejara de enviar los fondos correspondientes. Desde entonces, las estructuras inconclusas permanecen expuestas al deterioro y al riesgo de ocupaciones irregulares.
Vecinos del ex emplazamiento se comunicaron con la redacción de 7Paginas para expresar su preocupación y dar a conocer una nota presentada ante el intendente Ricardo Bravo, en la que responsabilizan al municipio por cualquier intento de usurpación u ocupación de terrenos pertenecientes al plan de relocalización. “Llevamos casi tres años de espera en una obra que debería haber sido terminada y entregada a cada familia censada por el RENABAP, y aún seguimos aguardando una respuesta concreta”, manifestaron.
En el escrito, los vecinos detallan que a lo largo de estos años mantuvieron reuniones y presentaron notas ante distintos funcionarios municipales con el objetivo de conocer el estado real del proyecto y agilizar su continuidad. Días atrás, incluso, se reunieron con el propio intendente, quien llevó un planteo firmado por los vecinos a la ciudad de Paraná, además de recibir una nota en la que se solicita una respuesta urgente para las familias afectadas.
En ese contexto, también se elevó una nota formal al Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV), dirigida a su presidente, el arquitecto Manuel Schönhals. Allí, las familias solicitan que se evalúe la posibilidad de entregar los lotes en su estado actual a los destinatarios del plan o, en su defecto, que los mismos sean cedidos a la Municipalidad de Federación para su posterior entrega a las familias ya definidas, garantizando la continuidad del proyecto mediante un esquema de autoconstrucción.
Asimismo, reclaman que ninguna familia sea desalojada de su vivienda actual hasta tanto pueda finalizar y habitar su nueva casa en condiciones dignas, y solicitan medidas de custodia y resguardo del predio para evitar nuevas usurpaciones.
“El único objetivo es poder acceder finalmente a una vivienda propia y dar continuidad a un proceso que lleva años de espera y cuya paralización afecta directamente nuestras condiciones de vida”, expresaron los vecinos, quienes aguardan una pronta definición por parte de las autoridades provinciales y municipales.
