Según se informó a 7Paginas, el descubrimiento se produjo este miércoles y motivó la inmediata intervención de las autoridades judiciales, con el objetivo de establecer quiénes colocaron los dispositivos, desde cuándo estaban instalados, con qué finalidad y a quién respondían. Las autoridades no descartan la existencia de posibles complicidades internas dentro de la estructura del Estado.
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que se trata de un delito grave que atenta contra la institucionalidad democrática, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades electas por el voto popular, por lo que se resolvió avanzar sin demoras con la denuncia penal correspondiente.
En paralelo, se inició una investigación administrativa interna destinada a determinar responsabilidades y eventuales fallas en los controles de seguridad, así como la posible participación de personal con acceso a áreas sensibles del edificio gubernamental.
A través de un comunicado, el Gobierno provincial sostuvo que “durante muchos años, en Entre Ríos se naturalizaron prácticas oscuras, de control y espionaje. Ese tiempo se terminó”, y enfatizó que la actual gestión tomó la decisión de “cambiar de rumbo, terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras”.
En ese sentido, se subrayó que la investigación avanzará “hasta el fondo” para esclarecer el origen de los dispositivos y el destino de la información obtenida. “No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”, afirmaron desde el Ejecutivo.
Finalmente, el comunicado remarcó que la transparencia, la legalidad y el respeto por las instituciones “no se negocian” y que, tras más de dos décadas de prácticas irregulares enquistadas en el Estado, Entre Ríos atraviesa “un proceso de saneamiento profundo que no se va a detener”.
