Desde el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical expresaron su “más enérgico repudio” al descubrimiento de dispositivos destinados a la inteligencia ilegal y a la violación de la privacidad en oficinas gubernamentales. “La democracia no admite los métodos de la dictadura”, señalaron, al tiempo que advirtieron que se trata de “prácticas nefastas que remiten a las épocas más tristes de nuestra historia reciente”.
En un comunicado contundente, el radicalismo sostuvo que, como partido que lideró el retorno a la democracia, no puede permanecer indiferente ante métodos de vigilancia clandestina propios de regímenes autoritarios. “El uso de tecnología para vulnerar la intimidad de quienes ejercen la función pública es propio de quienes pretenden imponer el control y el miedo por sobre la ley y el respeto a las libertades individuales”, afirmaron. Además, manifestaron su solidaridad con el gobernador Frigerio y respaldaron la decisión de acudir a la Justicia, reclamando que “el peso de la ley caiga sobre los responsables”.
En la misma línea se expresó la ex diputada nacional Carolina Gaillard, quien calificó los hechos como “gravísimos” y sostuvo que deben ser denunciados e investigados. “Son prácticas que nada tienen que ver con la democracia y nos remiten a los momentos más oscuros de la historia de nuestro país”, señaló.
Por su parte, el diputado nacional Francisco Morchio (Encuentro Federal) repudió “la intromisión en la privacidad del gobernador Frigerio a través de dispositivos de escucha”, subrayando que se trata de hechos de gran gravedad institucional que “nunca deberían suceder”.
El Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos también expresó su total acompañamiento al mandatario provincial. A través de un comunicado, destacaron que la decisión de denunciar ante la Justicia, iniciar investigaciones internas y avanzar con transparencia “refleja un cambio de época en Entre Ríos”, dejando atrás prácticas oscuras que dañaron la institucionalidad y la confianza pública. “El proceso de transformación iniciado en diciembre de 2023 implica terminar definitivamente con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras”, afirmaron.
Desde el justicialismo, el concejal Emiliano Gómez Tutau expresó su solidaridad con el gobernador y reclamó que el hecho sea investigado “con máxima publicidad de los actos, seriedad institucional y celeridad”. Además, contextualizó el episodio en el marco de una profunda reconfiguración del sistema de inteligencia a nivel nacional, tras la reforma de la Ley de Inteligencia y el fuerte incremento del presupuesto de la SIDE. “Este hecho no puede analizarse aisladamente y exige controles democráticos firmes e institucionalidad”, sostuvo.
La única voz disonante fue la de la diputada justicialista Blanca Osuna, quien se apartó de la ola de repudios y apuntó directamente contra el gobernador. A través de declaraciones públicas, recordó su paso por el gobierno de Mauricio Macri y cuestionó su actual alianza política: “Fuiste parte del gobierno que usó la práctica de espiar como moneda corriente y hoy, como socio de Milei, bancás el espionaje sin límites. ¿Qué prácticas oscuras dejás atrás?”, expresó.
