El gobernador Rogelio Frigerio expresó su enérgico repudio ante lo sucedido y manifestó su respaldo a las autoridades que intervinieron. “En Entre Ríos no vamos a retroceder frente al delito”, afirmó el mandatario a través de sus redes sociales.
Los objetivos del atentado
Según la investigación, el plan tenía como blancos al juez federal de Paraná, Leandro Ríos; al fiscal federal ante el Tribunal Oral, José Ignacio Candioti; y al ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Nestor Roncaglia.
Frigerio calificó la maniobra como “un ataque directo a la Justicia y al Estado de Derecho”, subrayando la gravedad institucional que implicaba el intento de atentado contra funcionarios que intervienen en causas vinculadas al narcotráfico y otros delitos complejos.
Investigación y allanamientos
La causa, manejada con estricto hermetismo, señala como principal implicado al narcotraficante diamantino Leonardo Airaldi, actualmente alojado en el Pabellón E de la Unidad Penal N° 9. De acuerdo a los datos recolectados, Airaldi habría ofrecido 40.000 dólares a un sicario de nacionalidad uruguaya para ejecutar a los magistrados durante sus vacaciones.
El procedimiento fue ordenado por el juez federal de Gualeguaychú, Hernan Viri, y el fiscal Pedro Rebollo. Durante el allanamiento en el pabellón donde reside el imputado, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, anotaciones manuscritas, documentación de interés para la causa y dosis de cocaína.
Trasfondo judicial
El plan criminal habría tenido como finalidad interrumpir el inicio del juicio oral contra Airaldi y otras 13 personas por narcotráfico, previsto para el próximo 24 de febrero. Según la declaración de un testigo clave dentro del penal, el acusado buscaba “vengarse” del juez Ríos por la instrucción de la causa y del fiscal Candioti ante la inminente solicitud de una condena de 15 años de prisión.
“Mi respaldo absoluto a quienes enfrentan al narcotráfico con coraje y determinación”, sostuvo Frigerio, quien remarcó que la maniobra fue neutralizada gracias al profesionalismo del Servicio Penitenciario y a la rápida intervención de la Justicia Federal.
El caso vuelve a poner en evidencia la complejidad de las investigaciones vinculadas al narcotráfico y la necesidad de reforzar los controles dentro del sistema penitenciario para evitar que organizaciones criminales continúen operando desde el interior de las cárceles.
Con información de prensa provincial
Redacción de 7Paginas
