El juicio se desarrolló en el Tribunal Oral Federal de Paraná, presidido por la jueza Noemí Berros. Allí, el fiscal auxiliar Dardo Barreto sostuvo que los acusados incurrieron en el delito de “facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros”, agravado por el abuso de la situación de necesidad de tres personas migrantes y por la minoría de edad de dos de las víctimas.
Según la acusación, la pareja tenía como objetivo adoptar y criar a las dos hermanas, de 9 y 11 años. Sin embargo, al no poder concretarlo por las vías legales, habrían organizado un circuito irregular para traerlas al país junto a su padre.
De acuerdo con lo expuesto en el juicio, el contacto inicial se produjo en República Dominicana, donde los acusados conocieron a una persona que los vinculó con el padre de las niñas. Posteriormente, se reunieron con la familia en un resort de Punta Cana y comenzaron las gestiones para trasladarlas a Argentina.
En una primera instancia intentaron hacerlo mediante cartas de invitación, pero estas fueron rechazadas en dos oportunidades debido a la falta de solvencia económica del progenitor. Tras esa negativa, se habría planificado el ingreso irregular al país.
La investigación determinó que las niñas y su padre viajaron desde República Dominicana hacia Colombia, luego a Paraguay y finalmente cruzaron el río Paraná en bote hacia la provincia de Misiones, por un paso no habilitado. Desde allí fueron trasladados hasta Villa del Rosario.
Según el fiscal, una vez instalados en la localidad entrerriana, la pareja alquiló una vivienda para el padre de las menores a unas cuatro cuadras de su casa, mientras que las niñas residían con ellos.
Durante el juicio se presentaron registros migratorios, pericias telefónicas y mensajes de WhatsApp que, según la Fiscalía, demostrarían que la pareja coordinó el ingreso ilegal. Entre los mensajes citados se mencionó uno en el que la mujer decía estar “esperando al pasador” y otro en el que consultaban qué responder en caso de ser detenidos por Gendarmería.
También se expusieron supuestas gestiones irregulares para intentar documentar a las niñas en Argentina. Según la acusación, se habría evaluado realizar trámites en la Municipalidad de Mocoretá, en Corrientes, ocultando la nacionalidad de las menores.
El caso salió a la luz tras la intervención del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), que presentó una denuncia ante la Fiscalía Federal de Concordia el 15 de enero de 2024, al detectar la situación de las menores.
Al momento de la denuncia, las niñas ya se encontraban bajo resguardo institucional por decisión del Juzgado de Familia de Chajarí y alojadas provisoriamente en la Residencia San José de la ciudad de Feliciano. Además, se dispuso que la pareja no pudiera mantener contacto con ellas.
En el marco de la investigación se realizaron entrevistas, informes sociales y una Cámara Gesell. Según el testimonio de una de las niñas, el vínculo con la pareja comenzó a través de videollamadas luego de que un docente de su escuela los pusiera en contacto. Posteriormente se conocieron personalmente durante una estadía en un hotel en la zona de Bávaro.
Durante ese encuentro, según relató la menor, la mujer les habría propuesto que viajaran a vivir a Argentina, con la intención de adoptarlas.
La investigación también determinó que el padre de las niñas fue expulsado del país en diciembre de 2023 y tiene prohibido el reingreso a la Argentina por cinco años.
En agosto de 2024, la jueza federal de Concordia, Analía Ramponi, procesó a la pareja al considerar que colaboraron en la obtención de documentos, enviaron dinero para los pasajes y participaron en el traslado de las menores tras el cruce ilegal desde Paraguay.
Por su parte, los abogados defensores solicitaron la absolución de los acusados y sostuvieron que la intención de la pareja fue brindar contención y mejores condiciones de vida a las niñas, quienes —según argumentaron— se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad en su país de origen.
La investigación que involucra a la diputada Lena
En paralelo a este expediente, se tramita en el Juzgado Federal de Concordia una denuncia contra la diputada provincial y escribana Gabriela Lena. La presentación fue realizada por el abogado paranaense Agustín Artibano Planiscg y se basa en la certificación de un poder otorgado por el padre de las niñas a favor de la pareja de Villa del Rosario.
Ese documento les habría concedido amplias facultades para asumir la responsabilidad sobre las menores y realizar distintos trámites vinculados a su vida cotidiana.
La fiscal federal Josefina Minatta delegó la investigación en el fiscal federal de Concordia, Francisco Bernhardt. En ese marco se realizaron diversas medidas de prueba, entre ellas un allanamiento en el estudio de Lena, donde se secuestraron libros de protocolo de su escribanía.
La legisladora sostiene su inocencia y se presentó ante la Justicia con sus abogados para ponerse a disposición de la investigación. Según trascendió, aún restan informes y medidas por realizar, por lo que la Fiscalía todavía no definió si existió o no algún delito en su actuación.
Con información de Análisis
Redacción de 7Paginas
