En una mañana clave para la administración municipal, se dio un paso decisivo en el proceso de ordenamiento del Estado local. El Ejecutivo logró la aprobación del proyecto de ordenanza para disolver el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (INVyTAM), una medida que busca terminar con la superposición de funciones y concentrar los esfuerzos en un desarrollo urbano real y sostenible.
Desde el Ejecutivo Municipal aclararon de forma tajante a 7Paginas, que este cambio no implica la eliminación de las políticas de acceso a la tierra ni de vivienda. Por el contrario, el objetivo es integrar estas facultades a la Secretaría de Obras Públicas para que cada solución habitacional llegue acompañada de la planificación e infraestructura necesaria.
Un diagnóstico que reveló fallas estructurales
La decisión de cerrar el Instituto no fue arbitraria, sino que se sustentó en un exhaustivo análisis técnico que detectó severas deficiencias administrativas y operativas que terminaban perjudicando al vecino:
Dependencia financiera: Solo el 6,6% del presupuesto del organismo correspondía a ingresos genuinos; el resto dependía totalmente de los aportes del Municipio.
Desorden administrativo: Se detectó la coexistencia de múltiples sistemas de registro, lo que imposibilitaba un seguimiento eficiente de los pagos y las adjudicaciones.
Morosidad crítica: Los programas actuales presentan niveles de incobrabilidad que oscilan entre el 50% y el 75%.
Obras «aisladas» y falta de servicios básicos
Uno de los puntos más alarmantes del diagnóstico fue la ejecución de proyectos de urbanización (financiados por Nación entre 2017 y 2022) que resultaron inoperantes. Según el relevamiento, se construyeron redes internas de agua y cloaca en barrios periféricos sin conectarlas a las redes troncales de la ciudad, dejando las obras sin utilidad real para las familias.
Asimismo, se denunció la adjudicación de terrenos que no contaban con las condiciones mínimas de habitabilidad, como acceso a agua potable, saneamiento o electricidad, trasladando un problema a futuro para el adjudicatario y el Estado.
¿Qué cambia para el vecino?
La integración de las funciones del antiguo Instituto en la Secretaría de Obras Públicas permitirá planificar los loteos junto con la infraestructura de servicios de manera simultánea. Esto evitará la entrega de terrenos «pelados» y garantizará que los recursos públicos se utilicen con responsabilidad.
Garantía de continuidad:
Para llevar tranquilidad a los beneficiarios actuales, desde el Municipio se remarcó que:
Las obras en ejecución continuarán con normalidad.
Se respetarán todos los derechos adquiridos y convenios vigentes.
Los programas habitacionales seguirán activos bajo la nueva estructura.
Los cobros de cuotas y convenios de pago se realizarán, de ahora en más, en la Dirección de Rentas.
Esta reforma se inscribe en el plan de modernización del Estado local, buscando que la política de vivienda deje de ser una entrega de parcelas para transformarse en una verdadera política de hábitat e integración urbana.
Según supo 7Paginas, el INVyTAM tenía más del 60% de su presupuesto atado a programas antiguos con obras inconclusas o sin el cierre administrativo correspondiente, situaciones que ahora serán auditadas y regularizadas por el área de Obras Públicas.
