Cabe recordar que la polémica explotó luego de una denuncia penal presentada en Paraná por cinco oficiales de la fuerza, quienes apuntaron contra un presunto esquema de recaudación ilegal y manejo irregular de fondos públicos mediante servicios adicionales no registrados oficialmente.
La causa quedó en manos del fiscal Gonzalo Badano y fue impulsada por los abogados Rubén Pagliotto y José Antón Pastori, en representación de los oficiales Ulises Aloy, Walter Rivero, Osmar Cané, Cristian Deharbe y Matías Villanueva.
Según la denuncia, existía un mecanismo mediante el cual determinados servicios eran registrados formalmente a nombre de algunos agentes, pero en realidad eran cubiertos por personal que ya se encontraba de guardia, utilizando móviles y recursos del Estado. El dinero, de acuerdo a la presentación judicial, era retirado en efectivo y redistribuido fuera de los canales administrativos oficiales.
El caso generó un fuerte impacto dentro de la fuerza y tuvo especial repercusión en Concordia, donde efectivos policiales aseguran que desde hace tiempo los adicionales “más rentables” quedaron concentrados en determinados sectores y dependencias.
Malestar en Concordia
Fuentes policiales consultadas por 7Paginas señalaron que en la Jefatura Departamental Concordia existe un profundo malestar debido a que muchos agentes quedaron excluidos de los servicios adicionales, históricamente considerados un complemento indispensable frente a los bajos salarios.
“Están privatizando los adicionales. Los servicios importantes ya tienen dueños”, resumió un funcionario policial bajo estricta reserva.
Entre los ejemplos mencionados aparecen servicios distribuidos entre áreas específicas de la fuerza:
El Corralón Municipal, cubierto por personal dependiente de Jefatura.
El Sindicato de Camioneros de Camba Paso, reservado para la Motorizada.
La Riada Municipal, asignada a Brigada de Abigeato.
Los peajes, manejados por unidades Camineras.
Hoteles y complejos turísticos como Ayuí y Tortuga Alegre, vinculados a determinadas comisarías.
La principal crítica apunta a que muchos de esos servicios serían cubiertos con personal que ya estaba cumpliendo funciones ordinarias o de guardia, mientras otros efectivos quedaban afuera de cualquier posibilidad de acceder a adicionales.
“Nos dan 70 mil pesos por mes para comer en la comisaría y con eso no hacés nada. Muchos compañeros tienen que vender ropa, pollo o hacer changas para pagar el alquiler”, relató otro uniformado.
El Gobierno intervino y modificó el régimen
Frente al escándalo, el gobernador Rogelio Frigerio decidió avanzar con modificaciones al Decreto Nº 1729/19 del Ministerio de Gobierno y Justicia, que regula el sistema de Policía Adicional en Entre Ríos.
La nueva normativa del decreto 1225/26, establece reglas mucho más estrictas y apunta directamente a evitar que personal de guardia sea utilizado para cubrir servicios extraordinarios.
Uno de los cambios centrales quedó plasmado en la modificación del artículo 3°, donde se determina que únicamente podrán realizar adicionales los efectivos que se encuentren “francos de servicio” e inscriptos voluntariamente en un registro especial.
Además, el decreto prohíbe expresamente afectar a personal policial que esté cumpliendo guardias o funciones ordinarias dentro de dependencias policiales.
El texto sostiene que el objetivo es “resguardar la integridad del sistema de guardias” y garantizar que los efectivos destinados a prevención y vigilancia mantengan “dedicación exclusiva” a sus tareas habituales, evitando así una sobrecarga de funciones y posibles irregularidades.
Otro de los puntos relevantes es la modificación del artículo 21°, que fija que el 95% del monto del adicional será percibido directamente por el agente que realice el servicio, mientras que el 5% restante quedará destinado al mantenimiento de móviles, reparación de recursos y adquisición de bienes para dependencias policiales.
En paralelo, se incorporó una nueva prohibición específica para impedir que personal afectado a guardias pueda ser utilizado durante el tiempo que demande un servicio adicional.
“Se terminó el descontrol”
Dentro de la propia fuerza, la decisión del Gobierno fue interpretada como un mensaje directo hacia las estructuras policiales que manejaban discrecionalmente los adicionales.
Para muchos efectivos, la medida representa el inicio de una etapa de mayor control y transparencia sobre un sistema que durante años funcionó con escasa supervisión.
El escándalo, que comenzó con denuncias de policías cansados de quedar afuera del reparto, terminó obligando al Gobierno provincial a intervenir para poner reglas claras en uno de los sistemas más cuestionados dentro de la fuerza entrerriana.
Redaccion de 7Paginas
