El proyecto, según se indicó a 7Paginas, surge como una respuesta directa a la digitalización acelerada de la vida cotidiana, que ha traído consigo nuevas modalidades delictivas que afectan a todos los estratos sociales, desde adultos mayores y comerciantes hasta estudiantes y Pymes.
Objetivos y ejes del programa
La nueva normativa tiene como meta principal reducir la vulnerabilidad de los vecinos frente a las amenazas en la red. Para ello, el programa se basará en cuatro pilares:
Concientización: Informar sobre las modalidades de ciberdelitos más frecuentes (phishing, estafas bancarias, robo de identidad, etc.).
Capacitación: Brindar herramientas prácticas de prevención a ciudadanos y pequeñas empresas.
Protocolos de actuación: Establecer guías claras sobre qué hacer y cómo denunciar una vez que se ha sido víctima de un delito informático.
Formación interna: Fortalecer la capacitación del personal municipal para que actúen como agentes de prevención.
Trabajo articulado
La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y en conjunto con la Dirección de Informática Municipal, será la autoridad de aplicación. Sin embargo, la ordenanza contempla un trabajo en red con instituciones clave para ampliar el alcance de las medidas:
Organismos de seguridad y justicia.
Entidades bancarias y financieras.
Universidades y centros educativos.
Organizaciones intermedias de la comunidad.
Una legislación necesaria
Al referirse a la aprobación, la concejal Eliana Lagraña subrayó la importancia de contar con un marco legal local ante estos desafíos:
“La propuesta apunta a generar una legislación local que nos permita acompañar y preparar a la comunidad ante los desafíos que plantea el crecimiento digital y los riesgos a los que muchas veces se está expuesto”.
