El entramado judicial que rodea al exsenador nacional entrerriano Edgardo Kueider sumó en las últimas horas dos novedades de altísimo impacto institucional.
Por un lado, la Procuración General de la Nación emitió un dictamen determinante en el plano local, respaldando que la Justicia provincial con asiento en Concordia conserve la competencia para investigar el presunto enriquecimiento ilícito del exlegislador.
Por el otro, en el plano internacional, el inicio del juicio oral y público que el político enfrenta en Paraguay por tentativa de contrabando —y que debía comenzar formalmente este lunes 1 de junio— sufrió una nueva postergación y quedó reprogramado para el martes 9 de junio.
El respaldo de la Procuración a los Tribunales de Concordia
La opinión de la Procuración General de la Nación, firmada el pasado 28 de mayo, fue elevada de forma directa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el tribunal supremo que tiene en sus manos la decisión final sobre el conflicto positivo de competencia suscitado entre el Juzgado Federal N° 1 de San Isidro (a cargo de la Dra. Sandra Arroyo Salgado) y el Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia.
La controversia penal tuvo su origen en una denuncia del periodista Christian Sanz, quien vinculó el presunto incremento patrimonial de Kueider con la conocida causa federal «Securitas», un expediente que investiga el pago de millonarios sobornos por parte de una empresa de seguridad privada a funcionarios públicos para adjudicarse contratos estatales.
La lupa se posó sobre la empresa de energía entrerriana ENERSA, donde el exsenador se desempeñó como representante del Estado provincial con derecho a voto. Además, la denuncia señalaba que Kueider poseería el 50% de las acciones de la firma Betail SA, sociedad utilizada para la compra de cocheras y departamentos de lujo en Paraná.
El rechazo a la inhibitoria federal
La jueza federal de San Isidro había solicitado formalmente que Concordia se abstuviera de avanzar sobre el período comprendido entre 2015 y 2019, argumentando que existía un serio riesgo de incurrir en una doble persecución penal (non bis in idem), dado que su juzgado ya investigaba si el crecimiento de los bienes derivaba de los delitos de lavado de activos, cohecho o negociaciones incompatibles analizados en el caso Securitas.
Sin embargo, el Ministerio Público fiscal de la Nación dictaminó en favor de la postura previamente defendida por el Juez de Garantías de Concordia y la Cámara de Apelaciones provincial, fundamentando los siguientes ejes procesales:
Es una solicitud prematura: La investigación en Entre Ríos se encuentra en su etapa inicial y abarca una temporalidad mucho más amplia y abarcativa (de 1999 a 2019), período en el que Kueider ocupó diversos escalafones en la administración pública municipal y provincial.
Autonomía del delito: La Procuración recordó que el delito de enriquecimiento ilícito no requiere estrictamente la acreditación de un ilícito previo específico. Por ende, la pesquisa local debe desarrollarse con total amplitud para dilucidar el origen general de los bienes.
Análisis de otras hipótesis: El dictamen advirtió que la postura restrictiva de San Isidro deja de lado la posibilidad de que, durante esas dos décadas, el investigado haya producido otros hechos penalmente relevantes completamente ajenos a la trama empresarial de Securitas.
Si bien la Procuración reconoció que la preocupación de la jueza Arroyo Salgado por evitar un doble juzgamiento es atendible, aclaró que la inhibitoria no es la herramienta procesal adecuada en esta instancia.
De esta forma, será el juez entrerriano quien deba controlar las superposiciones a medida que se colecten las pruebas.
Con este dictamen, los tribunales de Concordia reciben un fuerte espaldarazo institucional mientras se aguarda el veredicto definitivo de la Corte Suprema.
Nueva postergación para el juicio oral en Paraguay
Mientras el frente judicial en la Argentina dirime sus competencias territoriales, la situación del exlegislador en el vecino país continuará en un compás de espera de ocho días más. Tras cumplir un año y medio bajo el régimen de prisión domiciliaria en diferentes complejos habitacionales de alta gama en Asunción, el inicio del juicio se fijó finalmente para el 9 de junio a las 8:00 horas.
Dos años y medio de prisión (se computará el año y medio de arresto domiciliario ya cumplido).El proceso oral encuentra su génesis en la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando la pareja fue interceptada en el Puente Internacional de la Amistad (frontera Brasil-Paraguay) transportando ocultos en una mochila 211 mil dólares, 640 mil guaraníes y cerca de 4 millones de pesos argentinos sin declarar.
Kueider ha ratificado de manera insistente su inocencia bajo el alegato de que las divisas pertenecían a operaciones de intermediación financiera que su secretaria desarrollaba de manera lícita en Paraguay. Cabe recordar que el juicio ya sufrió postergaciones previas en noviembre de 2025 y abril de este año a raíz de la extensión de otros debates que llevaba adelante el Ministerio Público paraguayo.
El pedido de extradición en suspenso
El escenario procesal de Edgardo Kueider se completa con el pedido formal de extradición emitido por la Justicia Federal argentina, puntualmente en el marco de la causa por asociación ilícita y lavado de activos que instruyó la Dra. Arroyo Salgado y que conllevó al desafuero del dirigente en el Senado de la Nación por 60 votos afirmativos.
Aunque la Fiscalía de Paraguay ya dictaminó de forma favorable respecto a la viabilidad jurídica del traslado del imputado a la Argentina, el procedimiento de extradición se encuentra supeditado y bajo condición suspensiva: primeramente deberá concluir el juicio aduanero del 9 de junio y dictarse la correspondiente sentencia en los tribunales de Asunción.
Con información de TN y Analisis
Redaccion de 7Paginas
