La megacausa conocida como «Contratos Truchos en la Legislatura», que investiga el desvío de sumas millonarias de las arcas públicas del Estado entrerriano mediante contrataciones simuladas, sumó este martes un capítulo de alta tensión técnica y política. Durante la continuidad de la audiencia de remisión a juicio, las partes se trenzaron en un durísimo debate en torno a los límites de la investigación patrimonial, puntualmente sobre si es válido o no ventilar la información financiera de personas que no se encuentran acusadas en el expediente, como las esposas de algunos de los principales imputados.
El Ministerio Público Fiscal defendió férreamente la necesidad de admitir como prueba clave un voluminoso paquete de informes emitidos por organismos de recaudación tributaria, registros de la propiedad inmueble y del automotor, y entidades bancarias. La hipótesis acusatoria sostiene que la maniobra delictiva fue ejecutada por una organización compleja que requirió ramificaciones comerciales, inversiones en fideicomisos y compra de bienes para canalizar los fondos sustraídos.
La lupa sobre fideicomisos y cuentas sueldo compartido
Los fiscales rechazaron de plano cada una de las objeciones defensivas y explicaron que el rastreo de estos datos es «pertinente y necesario», ya que les permitirá reconstruir con precisión quirúrgica el estado patrimonial real de los sospechosos, los movimientos de compra y venta de autos y casas, la participación en desarrollos inmobiliarios y las transacciones en moneda extranjera.
De acuerdo a lo revelado en la audiencia ante la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, la Fiscalía detectó fideicomisos donde no solo interactúan comercialmente varios de los imputados entre sí, sino que también aparecen como partes activas sus respectivas esposas.
Además, la controversia sumó temperatura cuando se discutió la inclusión de informes sobre cuentas bancarias. La fiscalía pretende incorporar datos de las «cuentas sueldo» de las mujeres no imputadas y detalles de cuentas compartidas por los matrimonios. Ante esto, los defensores contraatacaron señalando que es «normal» que las cuentas registren movimientos diarios, y exigieron de manera formal que los fiscales precisen con exactitud cuáles de todos esos movimientos consideran irregulares o sospechosos en lugar de incorporar información generalizada que consideran «sobreabundante».
La contraofensiva de las defensas y el planteo de violencia de género
El bloque de abogados defensores opuso una resistencia generalizada. Argumentaron que la Fiscalía pretende introducir al juicio información de ciudadanos que están totalmente desvinculados del proceso: algunas mujeres que fueron investigadas al inicio de la causa y luego resultaron exculpadas, parientes sin relación alguna con los hechos legislativos y otros implicados que ya fueron beneficiados previamente con la Suspensión del Juicio a Prueba (Probation).
El punto más llamativo de la jornada lo protagonizó el abogado que asumió esta semana la representación legal del imputado Jorge De Breuil. El letrado se opuso tenazmente a los informes y argumentó que exponer públicamente los datos privados de la cónyuge de su defendido —quien fue investigada al principio pero ya no está imputada— configuraría un supuesto de «violencia de género administrativo e institucional» contra la mujer.
Las entidades bajo el foco del debate y cuyos informes contables y bancarios están bajo análisis corresponden a los fiscos nacional y provincial (AFIP y ATER), los registros inmobiliarios de Entre Ríos y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y una larga lista de bancos que incluye al Banco Nación, HSBC, Banco Hipotecario, Santander, Banco Provincia de Buenos Aires y Credicoop.
Nexos con la causa Urribarri y la situación de Orabona
Otro de los momentos álgidos de la audiencia ocurrió cuando se solicitó incorporar como evidencia documental un informe extraído directamente de otra megacausa de alto impacto político: el expediente por presunto Enriquecimiento Ilícito que se le sigue al exgobernador Sergio Urribarri.
La Fiscalía pretende cruzar esa prueba para demostrar que uno de los imputados en la causa «Contratos» es el verdadero propietario de un inmueble de gran valor, a pesar de que en la investigación al exmandatario provincial ese mismo investigado aparece señalado bajo la presunta figura de «testaferro».
Finalmente, el trámite sumó una particularidad en torno al imputado Juan Domingo Orabona. Su abogado defensor, Leopoldo Lambruschini, solicitó formalmente la autorización para que su cliente se ausente en lo que resta de esta etapa de remisión, manifestando que no presentará oposiciones a las pruebas que inste la Fiscalía en este tramo. Sin embargo, la jueza Marina Barbagelata le advirtió que la presencia de Orabona será requerida de manera obligatoria más adelante, cuando la audiencia avance sobre un lote de evidencias específicas que lo involucran directamente.
La resolución definitiva sobre qué pruebas entrarán al debate y cuáles serán descartadas por «impertinentes» quedó en manos de la magistrada, quien comunicará su veredicto final una vez que concluya la totalidad de la audiencia de remisión a juicio.
