Familiares de Concordia, junto a la querellante María Ema Papetti, presentaron ante la jueza federal de Concordia, Dra. Analía Ramponi, un pronto despacho solicitando avances en la causa que investiga un tramo de la desaparición y posterior asesinato del soldado conscripto Jorge Papetti durante la última dictadura militar.
La presentación fue firmada por María Ema Papetti, Eduardo Maschio, Luisa Rodríguez de Caire y Estela Solaga de Moreno, quienes reclamaron una definición judicial en una investigación que, aseguran, permanece paralizada desde hace años.
El pedido apunta particularmente a la situación procesal de los exmilitares Juan Aleman, Jorge Echeverría, Miguel Ángel Galeano y Alberto Goris, quienes fueron indagados hace más de dos años, pero aún no cuentan con una resolución que determine su situación en la causa.
La acusación contra los exmilitares
Según surge del expediente al que tuvo acceso 7Paginas, los cuatro imputados están acusados de haber encubierto las verdaderas circunstancias de la desaparición de Jorge Papetti cuando cumplía el Servicio Militar Obligatorio en el Regimiento de Caballería de Tanques Nº 6 de Concordia.
De acuerdo a la denuncia, mientras la familia buscaba respuestas sobre el paradero del joven, las autoridades militares sostenían que se había fugado de la unidad y lo calificaban como desertor.
Sin embargo, posteriormente quedó acreditado en la denominada causa Appiani, tramitada en Paraná, que Papetti había sido secuestrado por agentes militares y que murió como consecuencia de las torturas sufridas durante su cautiverio.
Al momento de los hechos, Aleman, Echeverría y Galeano integraban el área de Inteligencia del Regimiento de Concordia, mientras que Goris se desempeñaba como jefe de Personal de la unidad militar.
También investigan el secuestro de obreros uruguayos
La causa no sólo aborda el caso Papetti. En el mismo expediente se investiga además el secuestro de un grupo de trabajadores uruguayos que fueron detenidos en el Hostal del Río y posteriormente trasladados a inmediaciones de Salto Grande, donde habrían sido sometidos a torturas.
Según consta en las actuaciones, en aquellos procedimientos participó la Policía de Entre Ríos, aunque las detenciones se habrían concretado por orden del Área 225 del Ejército, que en ese momento estaba bajo el mando de Naldo Dasso, una de las figuras más emblemáticas del aparato represivo en Concordia durante el terrorismo de Estado.
Una causa estancada
Los familiares sostienen que la investigación quedó prácticamente paralizada tras el fallecimiento del juez federal Pablo Seró, quien tenía a su cargo el expediente.
Desde entonces, la causa pasó por distintos jueces subrogantes sin que se registraran avances significativos, situación que genera preocupación entre los querellantes y organismos de derechos humanos.
En el escrito presentado ante la Justicia Federal remarcaron que el paso del tiempo juega a favor de la impunidad y recordaron que llevan casi cinco décadas esperando una respuesta judicial.
Asimismo, señalaron que el Estado tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar los crímenes de lesa humanidad, independientemente del tiempo transcurrido.
Con el pronto despacho presentado ante la jueza Ramponi, los familiares esperan que la causa recupere impulso y que finalmente se adopten definiciones procesales sobre los exmilitares acusados, en una investigación vinculada a graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura cívico-militar.
Redacción de 7Paginas
