Según surge de documentación administrativa, durante años ministros, secretarios de Estado y dirigentes políticos ocuparon cargos en el Poder Ejecutivo mientras integraban directorios o estructuras de empresas públicas y organismos descentralizados.
Funcionarios con presencia en empresas del Estado
Entre 2017 y 2023 formaron parte de la estructura de Enersa dirigentes de primera línea de la gestión provincial como Franco Ferrari, secretario General de la Gobernación; Juan José Bahillo, ministro de Producción; Marcelo Richard, ministro de Planeamiento; y Hugo Ballay, ministro de Economía.
En tanto, en Segsa se desempeñaron Jorge Daniel González, secretario de Energía; José Laporte, secretario Legal y Técnico; y Luis Erbes, secretario de Presupuesto.
La práctica no fue exclusiva de los últimos años. Los antecedentes se remontan a administraciones anteriores. Entre 2007 y 2009 integró Enersa Raúl Arroyo mientras ejercía como secretario de Energía, mientras que Humberto Bahl participó de la empresa entre 2007 y 2013 al mismo tiempo que ocupaba el Ministerio de Gobierno.
También se registra el caso de Gustavo Labriola, quien formó parte de Fogaer mientras se desempeñaba como secretario de Hacienda.
El desembarco en la Legislatura
La segunda etapa de este esquema comenzó a evidenciarse durante los últimos meses de la gestión encabezada por Gustavo Bordet y Laura Stratta.
A medida que se aproximaba el cambio de gobierno, se multiplicaron las designaciones y pases de funcionarios, dirigentes y colaboradores políticos hacia las estructuras permanentes del Senado y de la Cámara de Diputados.
Uno de los casos que mayor repercusión generó fue el de Víctor Sanzberro, designado en el Senado durante 2023. La situación despertó cuestionamientos debido a que continuaba desempeñándose como concejal de la ciudad de Victoria. Tras la difusión pública del caso, presentó su renuncia.
Posteriormente también renunciaron Gerardo Chapino, ex intendente de Federal; Juan Carlos Kloss, ex senador provincial; y Amílcar Genre Bert, también ex legislador.
Por su parte, Rubén Almará optó por acogerse a la jubilación cuando comenzaron las revisiones administrativas impulsadas por las nuevas autoridades.
Entre los nombres que lograron incorporaciones o permanencias dentro de la estructura legislativa figuran Franco Ferrari, Maricel Brusco, Gustavo Velázquez, Agustina Camino, Valeria Migueles, Ana Valencia, Sofía Uranga, Roberto Cabeza, Lucio Amavet, Pedro Gebhart, Néstor Rodríguez, Juan Pablo Zacarías, Luciano Giorgio, Lorenzo Daniel Almada, Jorge Otegui, Raúl González, Verónica Guimarey, Carlos Jesús Ayala, Verónica Olivero, Solange Bacalluzzo, María Paz Álvarez, Walter Maina, Maximiliano González, Nancy Martínez, Omar Bisheimer, Reynaldo Martínez, Juan Ignacio Firpo, María Florencia Piva, Héctor Montenegro, Víctor Casco y Gabriela Krenz.
El Senado como espacio de continuidad política
Las designaciones realizadas durante la presidencia de Humberto Bahl en el Senado también incorporaron a personas vinculadas a su estructura política y de gestión.
Entre ellas aparecen Yamila Kappes, Claudia Silva, Luciano Ayala, Carlos Lagorio, José Luis Marrón, Carina Ramos, José Claret, Eliana Ramos, Maximiliano Argentino, Camila Farías y Andrea Zoff, todos con antecedentes de funciones políticas o administrativas en distintas áreas del Estado.
La continuidad en Diputados
La Cámara de Diputados también recibió a funcionarios, colaboradores y dirigentes vinculados a las administraciones justicialistas.
Entre los nombres mencionados en los registros figuran Joaquín Emanuel Bahl, Franco Tomás Bahl, Guillermo Ferrari Del Sel, Luis Alfonso Erbes, Verónica Daniela Mastracchio, Gustavo Marcelo Zaballo, Mariela del Carmen Teruel, Gisela Wagner, Agustina Camino, Ana Gabriela Diez, Germán Grané, Pablo Adrián Chimento Fontana, Rita Machuca, Gonzalo García Garro, Claudio Ava Aispuru y María Eugenia Mayr.
Un modelo bajo debate
La acumulación de cargos en organismos públicos, la participación simultánea de funcionarios en empresas estatales y las posteriores incorporaciones a planta o estructuras permanentes de la Legislatura aparecen hoy en el centro de la discusión política provincial.
Para los sectores críticos, se trata de un mecanismo que permitió garantizar continuidad laboral y espacios de influencia a dirigentes y colaboradores políticos una vez finalizadas sus funciones ejecutivas. Desde otros sectores, en cambio, se sostiene que muchas de esas designaciones se ajustaron a las facultades legales vigentes y a las necesidades de funcionamiento de los organismos públicos.
Lo cierto es que la revisión de estas incorporaciones continúa generando debate en Entre Ríos, donde la transparencia en el uso de los recursos públicos y la conformación de las estructuras estatales se han convertido en uno de los principales ejes de discusión política.
Con informacion de Visiones Entre Rios
Redaccion de 7Paginas
