En diálogo con 7Paginas, Romero relató que las denuncias se remontan al año 2022 y que la presentación formal fue realizada en 2024, luego de distintos episodios que, según sostuvo, ocurrieron mientras cumplía funciones en la Municipalidad de Estancia Grande.
«Yo fui a trabajar a ese municipio y la verdad que mi vida fue un calvario», expresó.
La mujer indicó que denunció al jefe comunal por presuntos tocamientos indebidos y situaciones de acoso.
«Sentí que intentó abusar de mí con tocamientos. También hice otra denuncia por acoso a través de las redes sociales. Incluso llegó a amenazarme con publicar fotos mías. Fueron muchas situaciones», manifestó.
Romero explicó además que debió recibir asistencia psicológica debido a las consecuencias que, según afirmó, le provocaron los hechos denunciados.
«Hace años que vengo luchando para que la Justicia me escuche. Recién ahora comenzaron a citar a los testigos y se logró la imputación gracias al trabajo de mi abogada, Cielo Petit», señaló.
La Justicia prorrogó las medidas de protección
En paralelo al avance de la investigación, segun el oficio al que tuvo acceso 7Paginas, el Juzgado de Garantías Nº 2 de Concordia resolvió prorrogar las medidas de protección dictadas en favor de Analía Romero.
La resolución, firmada por el juez Edwin Ives Bastián y fechada el 29 de junio de 2026, extiende por 88 días las restricciones impuestas contra Pablo Javier Goldín, con vigencia hasta el próximo 24 de septiembre.
Entre las medidas dispuestas se encuentran:
La prohibición de cualquier acto de perturbación, intimidación o violencia, ya sea directa o indirecta.
La prohibición de acercamiento a menos de 100 metros del domicilio, lugar de trabajo, estudio o cualquier ámbito habitual de la denunciante.
La prohibición de mantener contacto por cualquier medio, incluyendo redes sociales, mensajería instantánea, correo electrónico o a través de terceros.
Asimismo, la Policía Departamental Concordia fue instruida para notificar personalmente al denunciado sobre la continuidad de las restricciones.
Desde la Justicia aclararon que estas medidas tienen carácter preventivo y buscan resguardar la integridad de la denunciante mientras continúa la investigación penal, sin que ello implique una definición sobre la responsabilidad del imputado.
Un antecedente judicial por violencia laboral
La situación judicial de Goldín registra además un antecedente relevante. En 2021, el Juzgado Laboral Nº 3 de Concordia dictó una sentencia en la que declaró responsable al intendente por violencia de género laboral contra otra empleada municipal.
En aquella oportunidad, la Justicia consideró acreditadas conductas de acoso laboral o mobbing, indicando que durante meses la trabajadora fue objeto de persecución, se le retiraron funciones acordes a su cargo, se le negaron herramientas de trabajo y fue marginada de sus tareas habituales.
Como consecuencia del fallo, el municipio fue condenado a indemnizar a la víctima, restituirle funciones acordes a su categoría y garantizar condiciones laborales adecuadas.
Además, la sentencia ordenó que tanto el intendente como funcionarios y empleados municipales recibieran capacitación obligatoria en violencia de género y prácticas discriminatorias conforme a los lineamientos de la Ley Micaela.
En ese momento, la abogada patrocinante de la trabajadora, María de los Ángeles Petit, sostuvo que el objetivo principal de la demanda había sido «dejar expuesta la conducta del intendente» y destacó que el fallo representaba «un antes y un después» para las mujeres que deciden denunciar situaciones de violencia dentro del ámbito laboral.
Mientras tanto, la nueva causa continúa su curso en la Justicia de Concordia, donde la investigación se encuentra en etapa de producción de pruebas y recepción de testimonios.
Redaccion de 7Paginas
