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Denuncian una nueva estafa que afecta a 50 familias de policías de Concordia: pagaron los lotes, las escrituras y aún no tienen sus terrenos

El sueño de la casa propia continúa convirtiéndose en una pesadilla para medio centenar de familias de efectivos de la Policía de Entre Ríos. A las irregularidades denunciadas en la venta de terrenos durante la gestión municipal anterior, ahora se suma una nueva denuncia por el presunto manejo de unos 35 millones de pesos destinados al pago de las escrituras.
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Redacción 7Paginas

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Las 50 familias nucleadas en la mutual MAIPER aseguran haber sido víctimas de una sucesión de irregularidades que, seis años después de iniciar la operatoria, las mantiene sin la posibilidad de escriturar los terrenos que compraron para construir sus viviendas.

Terrenos vendidos por el municipio, pero que pertenecen al IAPV

Según denunciaron los damnificados, la operatoria comenzó en el año 2020 durante la gestión del entonces intendente Enrique Cresto, cuando el municipio comercializó lotes ubicados en la zona oeste de Concordia.

Sin embargo, con el paso del tiempo descubrieron que los terrenos no pertenecían al municipio sino al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), organismo que todavía no habría firmado la resolución necesaria para transferir formalmente esas tierras a la Municipalidad.

Esta situación mantiene paralizada la posibilidad de otorgar las escrituras definitivas a los compradores.

Lotes más chicos que los prometidos

Las familias también denunciaron que, al momento de realizar las mensuras, comprobaron que los terrenos entregados poseen dimensiones inferiores a las establecidas en los contratos originales.

Mientras la documentación contemplaba parcelas de 10 por 25 metros —y en algunos sectores de 10 por 20 metros—, las mediciones reales arrojaron superficies de 9,50 por 23,80 metros e incluso de apenas 9 por 18 metros, debido a que la cantidad de lotes vendidos superaba el espacio disponible en las manzanas.

Sin servicios básicos

A las diferencias en las medidas se suma otro inconveniente: los terrenos carecen de infraestructura esencial.

Según manifestaron los adjudicatarios, el predio no cuenta con conexiones de agua potable, energía eléctrica ni red cloacal, pese a que esos servicios formaban parte de las condiciones pactadas al momento de la compra.

Los damnificados sostienen que ahora se les plantea la posibilidad de volver a afrontar esos costos, cuando aseguran que ya fueron abonados dentro del valor original de los terrenos.

Una nueva denuncia por las escrituras

En las últimas horas surgió un nuevo conflicto que fue denunciado ante la Justicia.

Las familias explicaron a 7Paginas, que la mutual MAIPER implementó un plan de 12 cuotas mensuales de 60 mil pesos para afrontar los gastos de escrituración, lo que representa una recaudación cercana a 35 millones de pesos.

Sin embargo, al iniciar las gestiones, el escribano encargado del trámite les informó que únicamente recibió una parte del dinero comprometido y que, por ese motivo, no puede avanzar con las escrituras.

La situación generó una fuerte preocupación entre los adjudicatarios, quienes continúan abonando las cuotas y temen haber sido víctimas de una nueva estafa.

La investigación judicial

El caso ya fue denunciado ante la Justicia, aunque los propios damnificados señalaron que la investigación avanza con lentitud debido a que, hasta el momento, solamente dos de las cincuenta familias formalizaron la denuncia penal.

Esta situación impide que la causa adquiera una dimensión acorde al número de personas afectadas y retrasa las medidas judiciales que podrían esclarecer el destino de los fondos.

Seis años de incertidumbre

Mientras esperan una solución, las 50 familias continúan atrapadas en una situación que combina problemas administrativos, irregularidades en la comercialización de los terrenos y ahora también un conflicto por el dinero destinado a las escrituras.

Lo que comenzó como un proyecto para acceder a la vivienda propia hoy se ha transformado en una larga cadena de inconvenientes que mantiene a decenas de efectivos policiales y sus familias sin respuestas concretas y con la incertidumbre de no saber cuándo podrán convertirse, finalmente, en propietarios legales de los terrenos que ya pagaron.

Foto: el momento cuando les entregaron las carpetas del sueño de la casa propia