La investigación policial que puso contra las cuerdas a Andrea Fabiana Vargas y Néstor Rodríguez Sanabria dejó escasas chances a la defensa. Ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná, integrado por los camaristas Sebastián Gallino, Noemí Berros y Mariela Rojas, los efectivos que llevaron adelante la pesquisa revelaron con precisión quirúrgica cómo operaba la organización dedicada al tráfico de cocaína traída desde Buenos Aires.
El juicio, impulsado por los fiscales José Ignacio Candioti y Juan Podhainy, entró en su recta final y el próximo martes se conocerán los alegatos y pedidos de condena.
El expediente comenzó a gestarse en abril de 2024, cuando un dato anónimo encendió las alarmas: en la vivienda de la pareja, ubicada en San Benito, se comercializaba estupefacientes. A partir de allí, un minucioso trabajo de inteligencia de nueve meses permitió reconstruir el entramado delictivo.
Durante las audiencias, los uniformados explicaron cómo documentaron los movimientos de la red. Primero contaron que registraron las visitas al domicilio de Maximiliano Latorre, integrante de la histórica familia del barrio Consejo vinculada al narcotráfico.
Después relataron que ubicaron en el circuito a Tomás Agustín Jacobi, el cambista de dinero de Concordia que operaba cambiando pesos por dólares para la pareja. Este testimonio jaquea la situación de Jacobi —quien actualmente cuenta con falta de mérito—, ya que los policías desbarataron su coartada de que ignoraba el destino de las divisas.
Dana Zatti, hija de Vargas, quedó gravemente comprometida al confirmarse que se desplazaba en un vehículo por delante de su madre haciendo “punta” para alertar sobre controles policiales. Zatti junto a Tamara Blanco eligieron el camino del juicio abreviado. El abogado defensor de ambas mujeres, Claudio Berón, lo presentó al acuerdo que quedó a consideración del TOF.
Persecución violenta y un bolso clave
Uno de los momentos más álgidos del debate se centró en el operativo del 19 de diciembre de 2024, día en que se incautaron 18 kilos de cocaína con el sello de “Delfín” (marca vinculada al cartel de Delfín Castedo, conocido como “El Patrón del Norte”).
Los acusados intentaron instalar en su declaración que habían evadido un control en el acceso a Victoria (sobre ruta 11) simplemente porque “estaban alcoholizados y temían que les secuestren la camioneta Kia Sportage”. Sin embargo, un testigo civil derribó por completo esa excusa al asegurar que la pareja estaba sobria.
Según detalló un policía, Rodríguez Sanabria aceleró, tomó la ruta 26 hacia Nogoyá e ignoró los disparos de balas de goma que impactaron en el parabrisas. Tras ser interceptados en un camino vecinal, la situación escaló en violencia. Vargas se resistió ferozmente: rompió el vidrio de la camioneta a golpes, mordió a un efectivo y le fracturó la nariz, todo con el objetivo de resguardar tres teléfonos celulares que hoy constituyen una prueba de peso por la cantidad de chats comprometedores.
El abogado defensor Augusto Laferriere había apostado a la coartada de la ajenidad, argumentando que sus clientes nada tenían que ver con el tráfico y que el bolso negro con la droga fue hallado a prudente distancia de la camioneta.
No obstante, los fiscales neutralizaron ese argumento al presentar registros fílmicos donde se ve a Vargas en Buenos Aires portando exactamente el mismo bolso negro que luego apareció descartado bajo un árbol tras la persecución. Ante las repreguntas de Candioti, la acusada titubeó y dio explicaciones inconexas sobre sus accesorios.
Con los celulares repletos de evidencia digital, la investigación de nueve meses consolidada y la conformidad de los fiscales Candioti y Podhainy, el panorama judicial para la pareja es sombrío. El martes, en la instancia de alegatos, se sabrá qué pena solicitarán para los imputados.
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