Jorge López y Ramón Cabrera, integrantes de la organización, señalaron a 7Paginas que mantuvieron dos reuniones con la delegada de la Unidad de Gestión Local (UGL) XXXIV del PAMI, Karina Bernardi, quien les aseguró que el organismo «estaba pagando en tiempo y forma» y que no existían inconvenientes. Sin embargo, afirmaron que mientras cada miércoles realizaban sus encuentros en la Plaza 25 de Mayo, numerosos afiliados les manifestaban que en el Sanatorio Concordia únicamente estaban siendo atendidas las urgencias.
La preocupación se profundizó luego de que el director del Sanatorio Concordia, Dr. Andrés Lemessof, anunciara públicamente que, de no modificarse la situación económica, la institución rescindirá el contrato con el PAMI a partir del 1 de septiembre.
Frente a este escenario, la Mesa Coordinadora presentó el pasado 2 de julio notas dirigidas a concejales de Concordia, diputados provinciales, la senadora por el departamento, diputados nacionales y el senador nacional por Entre Ríos solicitando gestiones para evitar la interrupción del servicio.
Según indicaron López y Cabrera, hasta el momento «ningún concejal se hizo eco del problema», aunque destacaron que sí recibieron respaldo desde la Cámara de Diputados de Entre Ríos.
La diputada provincial Silvia Mariel Ávila, acompañada por Lorena Maricel Arrozogaray, Andrea Soledad Zoff, Enrique Tomás Cresto, Silvina Soledad Deccó y Yari Demian Seyler, presentó un proyecto de declaración manifestando la preocupación de la Cámara por la situación que atraviesan los afiliados del PAMI en Concordia.
La iniciativa advierte que las dificultades entre la obra social nacional y los distintos prestadores públicos y privados comprometen el acceso a la atención médica de miles de adultos mayores.
En los fundamentos del proyecto se recuerda que autoridades del Sanatorio Concordia comunicaron formalmente su decisión de rescindir el convenio si no existe una recomposición de los valores arancelarios, debido al importante desfasaje económico que aseguran padecer.
El proyecto legislativo también señala que desde mayo ya se encuentran restringidas diversas prestaciones médicas para los afiliados del PAMI, limitándose consultas con especialistas, cirugías programadas y determinadas atenciones de guardia.
De concretarse la rescisión del convenio, alrededor de 15.000 afiliados de Concordia y la región deberían ser derivados a otros prestadores, situación que podría generar un fuerte impacto sobre el sistema público de salud y especialmente sobre el Hospital Delicia Concepción Masvernat.
Los legisladores fundamentan además que el acceso a la salud constituye un derecho con jerarquía constitucional y convencional, especialmente protegido por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
En ese marco, el proyecto exhorta a las autoridades nacionales competentes a adoptar las medidas necesarias para preservar la continuidad de las prestaciones, promover instancias de negociación entre el PAMI y los prestadores privados, y garantizar que miles de jubilados entrerrianos no vean afectado su acceso a la atención médica.
Redaccion de 7Paginas
