La reinstalación del cartel que señaliza al Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues” de Concordia como “Sitio de Memoria” derivó en una fuerte polémica política, institucional y judicial en la ciudad.
El episodio comenzó este sábado, cuando la Multisectorial de Derechos Humanos de Concordia volvió a colocar el cartel en inmediaciones del regimiento, en el marco de una jornada por la memoria, verdad y justicia.
La señalización había sido colocada originalmente en 2021 y posteriormente fue destruida durante un fenómeno climático y, en una segunda oportunidad, desapareció. Los organismos de Derechos Humanos impulsaron su reinstalación y concretaron el nuevo emplazamiento.
Pero horas después, el concejal de Juntos por Entre Ríos Felipe Sastre publicó en 7Paginas, una nota de opinión titulada “El cartel de la ignominia (o el relato que pretende llevarse puesta la verdad histórica)”, en la que cuestionó tanto el contenido de la señalización como el procedimiento utilizado para instalarla.
Sastre cuestionó el contenido del cartel
En su escrito, Sastre sostuvo que se trata de un “cartel mentiroso” y afirmó que no estaría probado que los hechos vinculados con delitos de lesa humanidad hayan ocurrido dentro del Regimiento de Concordia.
El concejal planteó que, a su entender, los antecedentes de las causas judiciales invocadas no demostrarían que los hechos se hayan producido en ese lugar.
También defendió el rol actual del regimiento y recordó las distintas funciones que cumple en la comunidad, entre ellas actividades vinculadas con la formación, actos patrios y la recepción de personas evacuadas durante las crecientes del río Uruguay.
Al mismo tiempo, Sastre cuestionó el uso político que, según su interpretación, determinados sectores del peronismo y del kirchnerismo realizan sobre la temática de los derechos humanos.
Pero uno de los puntos centrales de su planteo fue institucional: el edil sostuvo que la colocación del nuevo cartel no contaba con autorización de la Secretaría de Obras Públicas ni del Concejo Deliberante y advirtió sobre el precedente que, a su criterio, podría generar una intervención de ese tipo sobre el espacio público sin autorización municipal.
La respuesta de la Multisectorial: “El concejal de la ignorancia”
La respuesta de la Multisectorial de Derechos Humanos no tardó en llegar y fue enviada a 7Paginas, bajo un título contundente: “El concejal de la ignorancia”, con el subtítulo “Sobre el negacionismo de Felipe Sastre”.
Los organismos rechazaron las afirmaciones del concejal y aseguraron que los hechos que él pone en duda fueron investigados y acreditados judicialmente en causas federales.
En particular, mencionaron las causas “Appiani” y “Harguindeguy” y señalaron que en esos procesos se establecieron hechos vinculados con el Regimiento de Concordia. También remarcaron que Naldo Dasso, señalado como jefe del Área 225 y vinculado al Regimiento de Tanques 6, fue condenado a prisión perpetua, condena que —según la presentación— fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Multisectorial sostuvo además que existen sentencias en las que se consignan secuestros, detenciones y torturas vinculadas al funcionamiento del regimiento durante la última dictadura.
“En el Regimiento de Concordia pasaron estas cosas, y muchas otras”, afirmaron, citando fragmentos de una sentencia judicial.
La discusión por la autorización municipal
Otro de los ejes del enfrentamiento se centra en si el cartel necesitaba una autorización del Concejo Deliberante para ser reinstalado.
Sastre sostiene que sí y recordó que en octubre de 2025 ingresó al Concejo un expediente relacionado con el pedido de autorización para la recolocación del cartel. Según su denuncia, esa autorización nunca fue concedida por el órgano deliberativo local.
En su presentación ante el Juzgado de Faltas, el concejal afirmó además que la normativa municipal establece procedimientos para el emplazamiento de obras, monumentos y estructuras en espacios públicos.
La Multisectorial, en cambio, sostiene que la señalización se encuentra amparada por la Ley Nacional N.º 26.691, de Preservación, Señalización y Difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado.
Los organismos afirmaron que la autoridad de aplicación de esa legislación es el Ministerio de Justicia de la Nación y aseguraron que dicho organismo autorizó la reinstalación del cartel.
Sastre fue al Juzgado de Faltas
En medio de la controversia, el concejal presentó formalmente una denuncia ante el Juzgado de Faltas de Concordia contra Eduardo Ignacio “Chiche” Maschio, la Asociación Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos y Presos Políticos, la agrupación H.I.J.O.S. y/o quienes resulten responsables de la colocación del cartel.
En el escrito, Sastre sostiene que el nuevo cartel fue instalado sobre la vía pública, en inmediaciones de Arruabarrena y Belgrano, y que la medida se realizó sin autorización del Concejo Deliberante.
El edil también cuestionó una resolución municipal de 2021 que había autorizado la colocación del cartel anterior y argumentó que aquella autorización habría quedado sin efecto luego de la desaparición de la estructura durante la tormenta de marzo de 2024.
Además, afirmó que la Secretaría de Obras Públicas habría solicitado a los impulsores de la iniciativa que presentaran documentación para analizar un nuevo pedido de autorización, algo que —según su denuncia— no habría sido cumplimentado.
Pidió que retiren el cartel
Finalmente, Sastre solicitó al Juzgado de Faltas que tenga por presentada la denuncia, que se investiguen los hechos y que se disponga la inmediata remoción del cartel, además de la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder a los responsables.
De esta manera, una discusión que comenzó alrededor de una señalización vinculada con la memoria histórica de Concordia sumó ahora una instancia administrativa ante la Justicia de Faltas.
Mientras el concejal sostiene que la colocación debe respetar los procedimientos municipales y cuestiona la interpretación histórica que contiene el cartel, los organismos de Derechos Humanos defienden su reinstalación en base a las causas judiciales sobre el terrorismo de Estado y a la legislación nacional que regula los Sitios de Memoria.
El debate, que ya generó un fuerte cruce de declaraciones, ahora tendrá también un capítulo institucional que deberá resolver el Juzgado de Faltas de Concordia.
Redaccion de 7Paginas
