La Justicia de Entre Ríos puso punto final, mediante un juicio abreviado, a una investigación por una millonaria maniobra de defraudación contra el Estado provincial que se extendió entre 2004 y 2014 y que permitió cancelar deudas tributarias mediante compensaciones sustentadas en créditos que nunca existieron.
El vocal Alejandro Diego Grippo, del Tribunal de Juicios y Apelaciones N° 6 de Paraná, dictó el pasado 21 de agosto de 2026 la sentencia correspondiente a la Causa N° 5501, acumulada con los expedientes 55960, 56289 y 56594.
Los condenados son María Estrella Martínez de Yankelevich, Abelardo Daniel Gaggión, Gustavo Alejandro Gioria, Darío Fabián Barreto, Julio Schmukler y Carlos Raúl Castro, quienes llegaron a la audiencia con acuerdos de pena alcanzados con la Fiscalía y el Estado provincial, que intervino como querellante particular.
Todos admitieron los hechos y renunciaron a los plazos para recurrir la sentencia.
Cómo funcionaba la maniobra
De acuerdo con los hechos que el Tribunal consideró probados, el mecanismo consistía en introducir información falsa en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) utilizado por la entonces Dirección General de Rentas, actualmente ATER.
En el sistema se hacía figurar que determinadas personas o empresas tenían “créditos líquidos y exigibles” contra el Estado provincial, cuando en realidad esas acreencias no existían.
A partir de ese dato falso, el sistema permitía realizar una compensación tributaria y dar por canceladas deudas reales de los contribuyentes, sin que ingresara dinero alguno a las arcas provinciales.
La operatoria se habría concretado utilizando el usuario “IG16466282”, habilitado a nombre de Abelardo Daniel Gaggión, quien por entonces era jefe de la División Mesa de Entradas de ATER.
Según estableció la Justicia, el usuario contaba con permisos que no correspondían a las funciones que Gaggión tenía asignadas. La habilitación en los roles necesarios para operar el sistema había sido gestionada por María Estrella Martínez de Yankelevich, entonces jefa del Departamento Despacho.
Una maniobra que atravesó diez años
La investigación permitió establecer que el mecanismo no fue un hecho aislado, sino que se mantuvo durante aproximadamente una década.
El expediente reunió tres períodos: 2004-2007, 2008-2011 y 2012-2014, que fueron investigados inicialmente en causas separadas y posteriormente acumulados.
La denuncia que dio origen al expediente principal fue presentada el 5 de junio de 2014 por el entonces director ejecutivo de ATER, Marcelo Pablo Casaretto, luego de que un empleado del organismo revelara detalles sobre el funcionamiento de la maniobra.
A partir de allí se secuestraron documentación y elementos informáticos, entre ellos la CPU de la computadora utilizada por Gaggión, y se realizaron allanamientos en dependencias de ATER, domicilios particulares y un estudio contable.
La investigación también incluyó pericias sobre el sistema SAT, informes del Tribunal de Cuentas, AFIP, bancos y entidades financieras, además de numerosas declaraciones testimoniales.
Los dos concordienses condenados
Entre los seis condenados aparecen dos hombres vinculados a Concordia: Julio Schmukler y Carlos Raúl Castro.
Schmukler, contador de 81 años, tenía un estudio contable en la ciudad y, según la sentencia, actuaba desde afuera de ATER gestionando ante funcionarios del organismo que sus clientes fueran beneficiados con compensaciones tributarias irregulares.
Fue condenado como partícipe necesario de la defraudación a la administración pública y autor de cohecho activo, es decir, por ofrecer o entregar dádivas a funcionarios públicos.
La pena impuesta fue de tres años de prisión condicional, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 10 millones de pesos. Además, deberá donar durante tres años 40.000 pesos mensuales a una institución de bien público.
Por su parte, Carlos Raúl Castro, de 72 años, también de Concordia, fue condenado por los mismos delitos en calidad de partícipe necesario y autor de cohecho activo.
El Tribunal le impuso una pena única de tres años de prisión condicional, que absorbe una condena anterior por estafa dictada en 2014 por el Tribunal de Concordia, además de una multa de 200.000 pesos.
Un corralón de Federación entre los beneficiados
El fallo también detalla una extensa nómina de personas y empresas que habrían resultado beneficiadas por las compensaciones fraudulentas.
Claudio María Santiago figura entre las firmas mencionadas, titular de una empresa vinculada al rubro de materiales de construcción de la ciudad de Federación, que figura entre los contribuyentes alcanzados por el mecanismo investigado.
La sentencia enumera, además, a otras empresas como Insumos Entre Ríos S.A., Galarza Calzados de Galarza AyG, Casas Chanton S.A., Centro Eléctrico S.A., Cierto Argentina S.A., Derudder Hnos. S.R.L., Abedul S.A. y Agrosur S.A., además de numerosos contribuyentes particulares.
En algunos casos las operaciones lograron concretarse y en otros quedaron en grado de tentativa por circunstancias ajenas a la voluntad de los involucrados.
Un ex funcionario de alto rango también fue condenado
Otro de los condenados es Gustavo Alejandro Gioria, contador público de 62 años, quien no era empleado de ATER sino que se desempeñaba como Tesorero General de la Provincia de Entre Ríos, cargo al que había llegado en agosto de 2012 durante el segundo gobierno de Sergio Urribarri.
Según la sentencia, Gioria tomó conocimiento de que el mecanismo de compensaciones falsas continuaba funcionando y, pese a su responsabilidad funcional, no actuó para detenerlo.
Además, de acuerdo con el Tribunal, indujo a un contribuyente, José Miguel Ditrich, presidente y administrador de clave fiscal de Insumos Entre Ríos S.A., a incorporarse al esquema.
Entre agosto de 2012 y mayo de 2014 se registraron al menos 18 compensaciones falsas a favor de esa empresa, con un perjuicio fiscal de $2.268.586,15 en ese caso puntual.
Gioria fue condenado a dos años y seis meses de prisión condicional, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 10 millones de pesos.
Las condenas a los funcionarios de ATER
Martínez de Yankelevich, de 77 años, y Gaggión, de 62, fueron considerados autores de distintos delitos vinculados con la maniobra, entre ellos simulación dolosa de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y defraudación a la administración pública.
Ambos recibieron tres años de prisión condicional, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y multas de 30,6 millones de pesos para Martínez de Yankelevich y 20 millones de pesos para Gaggión.
También fue condenado Darío Fabián Barreto, de 61 años, agente de planta permanente de ATER, quien según la acusación actuó en connivencia con Martínez de Yankelevich y Gaggión para que distintos contribuyentes accedieran a compensaciones falsas a cambio de beneficios económicos.
Barreto recibió tres años de prisión condicional, inhabilitación especial perpetua y una multa de 30,6 millones de pesos.
Todas las penas son condicionales
Ninguno de los seis condenados deberá cumplir prisión efectiva, ya que todas las penas de encierro fueron establecidas bajo modalidad condicional.
Además, deberán cumplir reglas de conducta durante el período de sus respectivas condenas, entre ellas mantener domicilio, abstenerse de realizar actos intimidatorios o molestos contra testigos, realizar 96 horas anuales de trabajo comunitario no remunerado en instituciones de bien público —con la excepción de Schmukler, quien deberá efectuar la donación mensual establecida— y comunicar previamente cualquier viaje al exterior.
La sentencia también dispuso comunicar lo resuelto a la Policía de Entre Ríos, al Área de Antecedentes Judiciales del Superior Tribunal de Justicia y al Registro Nacional de Reincidencia.
Una causa que atravesó dos décadas de gestión
La investigación representa uno de los expedientes de mayor extensión temporal relacionados con irregularidades en el sistema tributario provincial.
Según reconstruyó la Justicia, las compensaciones fraudulentas se realizaron durante una década, entre 2004 y 2014, con distintos protagonistas que se fueron incorporando o retirando del esquema.
La causa se inició formalmente en 2014, pero la investigación permitió reconstruir operaciones correspondientes a períodos anteriores y establecer el funcionamiento de un mecanismo que, mediante la manipulación del sistema informático de Rentas, permitía cancelar obligaciones tributarias sin que el Estado recibiera los fondos correspondientes.
Con la sentencia de los seis acusados mediante juicio abreviado, la causa queda encaminada a su cierre en sede penal, luego de más de una década de investigación, pericias informáticas y análisis de documentación de ATER, el Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Economía provincial, AFIP y entidades bancarias.
Con información de Analisis
Redaccion de 7Paginas
