El vocal del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Eduardo López Segura, reclamó que se investigue “hasta las últimas consecuencias” la denuncia penal presentada contra el exdirector de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto, y otros cinco exintegrantes de la conducción del organismo, por su eventual vinculación con las maniobras de compensaciones impositivas fraudulentas.
“Una persona condenada asegura que las maniobras no podían realizarse sin conocimiento de las máximas autoridades. No alcanza con descalificarla: la Justicia debe investigar”, sostuvo López Segura.
El funcionario se refirió a la presentación realizada por María Estrella Martínez de Yankelevich, exjefa del Departamento Despacho de ATER, quien reconoció mediante un juicio abreviado su participación en el fraude y posteriormente presentó una denuncia contra quienes integraban la conducción del organismo.
Además de Casaretto, la presentación alcanza a quienes estuvieron al frente de las áreas de Impuestos, Fiscalización Tributaria, Informática, Jurídica e Interior.
“La Justicia debe determinar las responsabilidades”
Según la denuncia, los empleados administrativos no habrían podido, por sí solos, alterar datos de contribuyentes, modificar cuentas corrientes, hacer circular expedientes y resoluciones o concretar compensaciones fraudulentas sin la intervención de niveles superiores.
La denunciante también sostuvo que quienes integraban la conducción de ATER disponían de claves de mayor jerarquía para operar dentro del sistema.
“No fue una irregularidad aislada cometida con una lapicera en una oficina. Se modificaban cuentas tributarias, se simulaban compensaciones y se cancelaban deudas mediante créditos inexistentes o sin respaldo administrativo. Es razonable que la Justicia determine quiénes podían realizar cada operación, qué autoridades debían controlarlas y qué sabía la conducción”, expresó López Segura.
El vocal del IAPV recordó que la causa investigó maniobras que habrían sido cometidas entre los años 2004 y 2014, con un perjuicio estimado en aproximadamente 46 millones de pesos a valores nominales de aquella época.
La denuncia y la posición de Casaretto
López Segura cuestionó además la respuesta pública de Casaretto, quien, según señaló, planteó que la nueva presentación responde a los dichos de una persona que fue condenada en la causa.
“Casaretto pretende presentar este caso como la reacción desesperada de una persona condenada. Pero la gravedad de la denuncia está precisamente en que proviene de alguien que participó de las maniobras, conoce desde adentro cómo funcionaban y ahora sostiene ante un fiscal que nada de eso podía realizarse sin conocimiento, aprobación o consentimiento de la conducción de ATER”, afirmó.
También hizo referencia a la denuncia original presentada en 2014 y sostuvo que la nueva presentación incorpora acusaciones que, según su criterio, deben ser analizadas por la Justicia.
“Casaretto afirma que, por haber presentado la denuncia original en 2014, ninguna sospecha puede alcanzarlo. Sin embargo, la nueva denunciante sostiene algo mucho más grave: que utilizó aquella presentación para quedar colocado como denunciante y ocultar su eventual participación. Esa acusación puede ser verdadera o falsa, pero no la puede archivar el propio Casaretto desde una entrevista. Tiene que investigarla un fiscal”, manifestó.
El reclamo para investigar el patrimonio
Otro de los puntos planteados por López Segura fue la solicitud de analizar la evolución patrimonial de Casaretto, de otros exdirectivos y de personas que podrían estar vinculadas con las maniobras investigadas.
El objetivo, según explicó, es determinar si existieron personas que pudieron haberse beneficiado económicamente de los hechos denunciados.
“Este punto es central. La denunciante pide expresamente que se investiguen los patrimonios. Por lo tanto, Casaretto debe explicar qué actividades e ingresos tuvo durante sus décadas en la función pública y cómo construyó su patrimonio”, sostuvo.
No obstante, López Segura aclaró que su planteo no implica afirmar que Casaretto se haya enriquecido ilegalmente, sino solicitar que la Justicia produzca las medidas de prueba requeridas en el marco de la denuncia penal.
“Si todo su patrimonio tiene un origen legítimo y guarda relación con sus ingresos declarados, Casaretto debería ser el primer interesado en exhibir la documentación y terminar con cualquier sospecha. La transparencia no puede reclamarse solamente cuando sirve para acusar a los demás”, expresó.
“Tiene derecho a defenderse, pero la Justicia debe investigar”
Finalmente, el dirigente sostuvo que las aspiraciones electorales de Casaretto incrementan, a su entender, la necesidad de brindar explicaciones sobre lo ocurrido durante su paso por ATER.
“Quien pretende que los entrerrianos le confíen la administración de toda la provincia debe comenzar explicando qué ocurrió en el organismo que ya tuvo bajo su conducción. Gobernar es administrar, controlar y hacerse responsable”, señaló.
“Casaretto tiene derecho a defenderse y a que se respete su presunción de inocencia. Pero los entrerrianos también tenemos derecho a saber qué conocía sobre el fraude, cómo fallaron los controles, quiénes se beneficiaron y cómo evolucionó el patrimonio de quienes conducían ATER”, concluyó López Segura.
Redaccion de 7Paginas
