La iniciativa busca que la fecha de reconocimiento a la industria también sea una oportunidad para impulsar medidas concretas destinadas a preservar la producción entrerriana, sostener las fuentes de trabajo y evitar el cierre o la paralización de establecimientos.
El proyecto propone la creación del Certificado de Emergencia Industrial Entrerriana, destinado a aquellas empresas que acrediten caídas en sus ventas o producción, dificultades para financiar capital de trabajo, aumentos extraordinarios de costos o situaciones que impliquen riesgos de suspensiones y despidos.
Según se informó, las industrias alcanzadas por el régimen podrían acceder a diferentes herramientas de asistencia, entre ellas facilidades tributarias a través de ATER, mecanismos de regularización de deudas y alternativas frente a ejecuciones fiscales.
Además, la propuesta contempla líneas de financiamiento productivo y medidas destinadas a afrontar los costos energéticos, con especial orientación hacia las micro, pequeñas y medianas empresas y la preservación de los puestos de trabajo.
Cresto explicó los alcances de la iniciativa
Durante la sesión especial desarrollada este miércoles, el diputado Enrique Cresto, uno de los impulsores del proyecto junto al bloque justicialista, explicó que la iniciativa surgió a partir del diálogo mantenido con representantes industriales de distintos puntos de Entre Ríos.
“Muchas son industrias familiares que nacieron con sus abuelos, continuaron con sus padres y hoy son sostenidas por nuevas generaciones que no quieren resignarse a cerrar. No quieren dejar de producir para convertirse simplemente en comercios que venden productos elaborados en otros lugares”, expresó el legislador.
Cresto advirtió sobre las consecuencias que puede generar la pérdida de la actividad productiva y sostuvo que cuando una industria deja de fabricar para dedicarse únicamente a comercializar, una de las principales consecuencias es la pérdida de puestos laborales.
“Se pierde empleo, conocimiento, inversión y valor agregado local. Por eso debemos actuar antes de que las fábricas cierren y las consecuencias sean irreversibles”, señaló.
Una comisión para realizar el seguimiento
El proyecto también contempla la creación de una Comisión de Seguimiento, con participación del Estado, la Legislatura, representantes de los trabajadores, cámaras empresariales y universidades.
Asimismo, se invita a los municipios y comunas de Entre Ríos a implementar medidas complementarias de alivio para acompañar a las empresas y emprendimientos afectados por las dificultades del contexto económico.
Como parte de los fundamentos de la iniciativa, el bloque tomó como referencia un informe del CEPA elaborado sobre datos oficiales, según el cual entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron más de 97.000 empleos industriales registrados y desaparecieron más de 4.000 establecimientos manufactureros en el país. El informe citado también señala que la utilización de la capacidad instalada descendió al 59,1%.
Desde el bloque Más para Entre Ríos remarcaron que declarar la emergencia no implica afirmar que toda la industria entrerriana se encuentre paralizada, sino establecer mecanismos preventivos para proteger la producción y el empleo ante un escenario económico que, sostienen, puede poner en riesgo la continuidad de establecimientos productivos.
“Declarar la emergencia no significa afirmar que toda la industria entrerriana se encuentra paralizada, sino actuar preventivamente para sostener la producción y el empleo antes de que la crisis nacional provoque el cierre irreversible de establecimientos productivos en nuestra provincia”, señalaron desde el bloque.
Con información de prensa diputados Mas para Entre Rios
Redaccion de 7Paginas
