En el marco de la ejecución de las condenas del denominado “megajuicio”, la Justicia de Entre Ríos ordenó el decomiso definitivo de inmuebles, vehículos y equipamiento tecnológico vinculados a Juan Pablo Aguilera y a la empresa Tep SRL. Los bienes habían quedado inmovilizados desde el proceso judicial por la denominada “causa de las imprentas” o “causa de la vaca”.
La ejecución de las condenas derivadas del denominado “megajuicio” por corrupción suma ahora una nueva instancia con el decomiso definitivo de los bienes vinculados a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri.
La medida alcanza a inmuebles, vehículos, maquinaria y equipamiento tecnológico que permanecían inmovilizados y que, según lo establecido en la sentencia dictada en 2022, deberán ser destinados a distintos organismos del Estado provincial.
La disposición fue emitida el jueves pasado desde la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial y remitida a la Fiscalía de Estado de Entre Ríos para avanzar con la ejecución de lo dispuesto judicialmente.
Los bienes que serán decomisados
El detalle de los bienes surge del punto XXII de la sentencia fechada el 7 de abril de 2022, correspondiente a la causa N° 4.385, conocida como “imprentas” o “causa de la vaca”.
Entre los inmuebles alcanzados se encuentran dos propiedades ubicadas sobre calle Racedo de Paraná:
Racedo 415, partida provincial N° 101426651, partida municipal N° 63031, matrícula 144102.
Racedo 409, partida provincial N° 1015028249, partida municipal N° 14909, matrícula 144101.
También serán decomisados tres vehículos: un motovehículo Zanella ZB 100, dominio 208 IG; una Ford F4000D, dominio EPT 951; y una Citroën Berlingo Furgón 1.6 HDI Business, dominio OJZ 720.
A esto se suma una importante cantidad de equipamiento informático, técnico y de impresión, entre ellos distintos equipos CPU, computadoras, un plotter de impresión y otros elementos utilizados por la empresa.
Destino de los bienes
La sentencia estableció además cuál será el destino de los elementos decomisados.
Los inmuebles quedarán para el Poder Judicial, mientras que los vehículos serán destinados a la Policía de Entre Ríos.
En tanto, los elementos informáticos deberán ser entregados al Consejo General de Educación (CGE) para su posterior asignación a instituciones educativas.
Entre los equipos figura un plotter de impresión marca Bili Neotitan 2504 DW2D, además de computadoras y servidores de distintas marcas, entre ellas Dell, HP, Lenovo, Apple, Banghó y Data Vision.
Según se informó, el plotter se encuentra actualmente en el domicilio de Luciana Almada, expareja de Juan Pablo Aguilera, quien deberá entregarlo a quien designe la Fiscalía de Estado.
El origen de la causa
Durante el juicio oral desarrollado entre 2021 y 2022 se acumularon cinco investigaciones vinculadas con hechos de corrupción que involucraron a funcionarios y empresarios relacionados con la gestión de Urribarri.
En ese proceso se analizó el funcionamiento de las imprentas vinculadas a Aguilera y los contratos que las empresas obtuvieron durante el período en que Urribarri estuvo al frente del Gobierno de Entre Ríos.
Según lo establecido en la sentencia, Tep SRL fue beneficiada durante aquellos años con contrataciones del Estado provincial y también se investigó la utilización de recursos y empleados públicos vinculados al funcionamiento de las empresas.
El expediente también analizó un crédito obtenido por Aguilera del Banco de Entre Ríos, bajo condiciones consideradas preferenciales, que habría permitido montar la infraestructura y adquirir maquinaria para poner en funcionamiento la imprenta.
Urribarri, Báez y Aguilera, condenados
El decomiso se produce luego de que quedaran firmes las condenas dictadas en el marco del megajuicio.
El exgobernador Sergio Urribarri fue condenado a ocho años de prisión, mientras que el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera recibieron penas de seis años y seis meses de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Las condenas fueron dictadas en abril de 2022 y, tras el recorrido por las distintas instancias judiciales, finalmente comenzaron a ejecutarse luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara los últimos recursos defensivos.
La sentencia había sido dictada por el tribunal integrado en aquel momento por los vocales Carolina Castagno, Elvio Garzón y José María Chemez.
La confirmación de las condenas también tuvo consecuencias políticas para Urribarri, quien debió dejar su cargo como embajador argentino en Israel y Chipre luego de que se conociera el fallo.
Ahora, con el decomiso de los bienes, la Justicia avanza sobre otra de las consecuencias patrimoniales previstas en aquella sentencia.
