Tras quedar firme la condena contra el exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exfuncionario Pedro Báez, este lunes comenzó a hacerse efectivo uno de los aspectos patrimoniales dispuestos por la Justicia: el decomiso de inmuebles, vehículos y equipamiento vinculado a la denominada causa de las imprentas.
Durante la mañana, el fiscal de Estado Adjunto de Entre Ríos, Martín Rettore, recibió de manos del abogado Miguel Ángel Cullen las llaves del inmueble ubicado en calle Racedo 415 de Paraná, donde funcionó la empresa Tep SRL.
Al ingresar al galpón, se constató la presencia de distintos bienes incluidos en la orden judicial de decomiso, entre ellos una camioneta Citroën Berlingo, un camión, computadoras y un plotter de impresión de grandes dimensiones. Los elementos quedaron a disposición del Estado entrerriano.
Según explicó Rettore, el decomiso comprende dos inmuebles ubicados sobre calle Racedo, una motocicleta y dos vehículos, además de equipamiento informático y tecnológico que era utilizado por la empresa.
Los bienes que pasan al Estado
La sentencia había dispuesto la confiscación definitiva de los bienes inmuebles y muebles de titularidad de Tep SRL y de los imputados que, de acuerdo con el fallo, estuvieron vinculados con los hechos investigados.
Entre los inmuebles figuran los galpones de Racedo 415 y Racedo 409, en Paraná.
También fueron incluidos:
Una motocicleta Zanella ZB 100.
Un Ford F4000D.
Una Citroën Berlingo Furgón 1.6 HDI Business.
Un plotter de impresión Bili Neotitan 2504.
Equipamiento informático de distintas marcas y modelos.
Una computadora Apple All in One, con pantalla, teclado y mouse.
Otros CPU y equipos tecnológicos utilizados en la actividad de la imprenta.
Rettore aclaró que la Fiscalía de Estado se limita a hacer efectivo el decomiso y poner los bienes a disposición del Poder Ejecutivo provincial. Luego, los organismos correspondientes deberán determinar su estado y cuál será el destino que se les dará.
En ese sentido, señaló que incluso el plotter podría ser evaluado para su eventual utilización por algún organismo estatal, aunque primero deberá analizarse su estado y utilidad.
La causa de las imprentas
El decomiso forma parte de las consecuencias patrimoniales de la causa conocida como “imprentas” o “causa de la vaca”, que fue uno de los expedientes incluidos en el denominado “megajuicio” por hechos de corrupción, cuyo debate oral se desarrolló entre 2021 y 2022.
La sentencia dictada el 7 de abril de 2022 estableció en uno de sus apartados la confiscación definitiva de los bienes que, según el fallo, habían servido para la comisión de los delitos investigados.
En ese proceso, Sergio Urribarri fue condenado a ocho años de prisión, mientras que Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez recibieron penas de seis años y medio de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La ejecución de las condenas comenzó después de varios años de instancias judiciales. Actualmente, Urribarri, Báez y Aguilera cumplen sus penas en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú. Una reciente audiencia de ejecución permitió revisar las condiciones de detención de los tres condenados.
Con la entrega de las llaves y el secuestro formal de los bienes, el Estado entrerriano comenzó ahora a tomar posesión efectiva de parte del patrimonio que la sentencia ordenó decomisar.
Con informacion de Analisis
