Una nueva denuncia volvió a poner bajo la lupa la explotación de arena de sílice en el sur entrerriano. El abogado ambientalista Ricardo Luciano, representante de la Cooperativa de Agua de Ibicuy, dirigió una carta abierta al gobernador Rogelio Frigerio en la que cuestionó la normativa provincial que regula la actividad, planteó su presunta inconstitucionalidad y advirtió sobre el impacto ambiental que, según sostiene, provoca la extracción en el Delta del Paraná.
Uno de los principales planteos formulados por el abogado está relacionado con una presunta evasión de $5.600 millones en concepto de la actividad extractiva.
Según Luciano, la ATER y la Secretaría de Minería informaron a fines del año pasado que se habían fiscalizado 1.500.000 toneladas de arena, por las cuales se recaudaron alrededor de $3.300 millones.
Sin embargo, el abogado sostiene que desde Entre Ríos habrían llegado a Vaca Muerta unas 4.050.000 toneladas durante 2025. A partir de esa diferencia, estima que existiría un faltante de aproximadamente 2,5 millones de toneladas, que representaría una presunta evasión de unos $5.600 millones.
A raíz de estos cuestionamientos, Luciano y el ingeniero Carlos Cadoppi Frigerio presentaron una denuncia penal ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú, identificada como causa FPA 12895/2025.
El juez federal Hernán Viri se declaró incompetente y el expediente pasó al Ministerio Público Fiscal de Paraná.
Cuestionamientos ambientales
En su presentación, el abogado también puso el foco en las consecuencias ambientales de la extracción de arena de sílice.
Luciano sostiene que la actividad se desarrolla dentro del Ecosistema Delta del Paraná, un humedal protegido por legislación nacional y provincial y por la Convención Ramsar.
Según sus cálculos, las aproximadamente cuatro millones de toneladas extraídas durante 2025 representarían una superficie equivalente a 400 hectáreas con un metro de profundidad, mientras que proyecta que durante este año la superficie afectada podría alcanzar las 600 hectáreas.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con la profundidad de las excavaciones. Luciano afirma que los estudios de impacto ambiental de las areneras contemplan fosas de hasta tres metros, pero sostiene que la profundidad promedio real alcanzaría los siete metros, con casos en los que llegaría hasta los diez metros.
La preocupación por el agua
La carta abierta también advierte sobre el impacto de la actividad en los recursos hídricos de la zona.
De acuerdo con el planteo del abogado, las areneras utilizan agua subterránea para el lavado de la arena y abonan un canon que, según indicó, sería de $0,000001 por litro.
Luciano vincula además la actividad extractiva con modificaciones en la calidad del agua distribuida por la Cooperativa de Agua de Ibicuy. Según sus datos, los niveles de hierro y manganeso habrían pasado de 0,012 a 1,20 miligramos por litro.
El abogado sostiene que la extracción se realiza en la denominada Formación Delta Aluvial Isla Talavera, a la que describe como un acuífero en formación y predominantemente salobre.
Cuestionamientos a la Ley 11.250
Otro de los ejes centrales de la presentación es el cuestionamiento a la Ley provincial 11.250 de Gestión Ambiental de Actividades Económicas, que Luciano considera inconstitucional.
El abogado sostiene que la normativa entra en contradicción con el artículo 4 de la Ley General del Ambiente, particularmente con los principios de congruencia, progresividad y sustentabilidad.
También cuestiona específicamente los artículos 39 y 40 de la norma. El primero mantiene vigentes hasta su vencimiento los certificados emitidos bajo la anterior Ley 6260 y el decreto 4977/09, mientras que el segundo establece la derogación de la Ley 6260.
Desde esa perspectiva, Luciano reclamó al gobernador Frigerio que intervenga para corregir lo que considera una situación incompatible con la legislación ambiental vigente.
Además, advirtió que, de no producirse modificaciones, la Ley 11.250 podría ser cuestionada mediante acciones de inconstitucionalidad.
Una actividad vinculada a Vaca Muerta
La explotación de arena de sílice en Entre Ríos cobró especial relevancia en los últimos años debido a su utilización como insumo para la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta.
El abogado cuestiona precisamente que una actividad destinada a abastecer ese desarrollo productivo pueda generar, según su denuncia, impactos sobre un ecosistema protegido y sobre los recursos hídricos de las comunidades ubicadas en el área de extracción.
Luciano es profesor de Derecho Ambiental en la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), integra el Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y asesora a las organizaciones SEA, de Gualeguay, y ACA, de Concepción del Uruguay. También forma parte del Observatorio Ambiental.
La denuncia y los cuestionamientos planteados abren ahora un nuevo capítulo sobre la explotación de arena de sílice en el Delta entrerriano, con dos cuestiones centrales todavía bajo discusión: el control y la fiscalización de los volúmenes extraídos y el impacto ambiental de una actividad que abastece a uno de los principales polos hidrocarburíferos del país.
